Las autoridades de Desarrollo Humano se sacaron un tremendo peso de encima: echaron al director de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y aludieron que lo hacían para “reducir el nivel de conflictividad que se ha producido en la institución”.

Lo cierto es que se hizo el mismo día en que la Justicia tenía en su agenda desembarcar en la dependencia ubicada en la ex Colonia 20 de Junio para producir un allanamiento, en la búsqueda de información que abone una investigación que se tramita en el fuero penal. Y, además, el mismo día y pocas horas antes de que la Justicia de Familia iba a plantarse en contra de las políticas provinciales de Niñez, Adolescencia y Familia encabezadas por el ahora expulsado David Funes desde un escenario fuertemente simbólico: el Colegio de Abogados de la provincia.

Funes representa a un sector del Gobierno identificado por su pertenencia al credo católico en lo que casi llegó a constituir un factor de poder interno del PJ. Eso –y sólo eso- fue lo que demoró en por lo menos un año la salida del cuestionado funcionario del cargo.

La situación se volvió insostenible. Así lo reconoció el comunicado oficial enviado desde Casa de Gobierno a los medios con la finalidad de echarle un balde de agua fría a la sangría de hechos y casos, uno más terrible que el otro, que surgían desde la usina que rodeó a Funes.

A lo largo de dos años, se lo acusó de viajar con viáticos a reuniones políticas, de poner a funcionarios cuestionados a realizar tareas de alta responsabilidad, de malgastar fondos públicos en cuestiones banales.

Pero lo fundamental tal vez pasó desapercibido para la mayoría de la sociedad: su área es tan compleja como pocas en el Gobierno. La Dinaf tiene sobre sus espaldas el peso de garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de cada uno de los niños y jóvenes de Mendoza, que son unos 700 mil. A una obligación de difícil cumplimiento íntegramente se le añadió la incapacidad para asumirla, desarrollarla, ejercerla y la ausencia de poder político para exigirle al resto de las áreas del gobierno provincial y a las municipalidades, el respeto por lo que la ley establece.

Se retrocedió en el tiempo. Se reinstauraron las iniciativas “patronateras” (similares a las del hoy anacrónico Patronato), de encierro de niños, de tutelaje de sus vidas, pero no se cambió la realidad social de sus familias ni se continuó el trabajo iniciado.

Pasó demasiado tiempo entre las primeras denuncias que formuló el sacerdote Vicente Reale y la determinación que tomó la ministra Silvia Ruggeri. En todo ese tiempo hubo un gran paréntesis en las políticas públicas destinadas a proteger los derechos de los más desprotegidos: no las hubo. Primero, se dieron de baja iniciativas anteriores a este gobierno, como por ejemplo el plan de control del ausentismo y de combate de la deserción escolar. Los problemas y la pérdida de tiempo en cuestiones político partidarias hicieron que no hubiera tiempo para trabajar en la misión encomendada, por lo que los equipos técnicos y el personal a su cargo se vio en la obligación de trabajar solitariamente y sin respaldo, pero con el acicate de funcionarios que, además, han sido acusados –como el ahora despedido- de maltrato y persecución a los que no profesaban sus ideas.

La tarea de la Dinaf es tan importante que requiere de apoyo y visibilidad. Un proyecto financiado por el Consejo Federal de Inversiones en el año 2007 y del que participaron actuales funcionarios de la Secretaría General de la Gobernación, además del personal, los técnicos y especialistas, en un proceso participativo, determinó que el modelo de gestión debía ser otro: más autonomía y más control.

Sólo así quien asumiera al frente de las obligaciones que delega la ley nacional 26.061 tendría el poder y el respaldo para responder a tamaña exigencia.

No se aplicó. En su lugar, la vieja Dinaadyf, agotada en su estructura y objetivos, creada en otras épocas y dirigida por la actual ministra Ruggeri se transformó, a instancias de Funes, en un nombre de fantasía que no se respaldó en la legislación: “Dinaf”.

Hoy, es posible que el Gobierno se haya quitado a un funcionario complicado de encima, pero lo que queda como desafío es la construcción de verdaderas políticas públicas para Niñez, Adolescencia y Familia. Lo que hay disponible, solamente, son los programas y el recurso humano como asimismo las organizaciones sociales que han sabido crear un espacio crítico sobre el tema, pero no hay política pública. Fue arrasada.

Alguien debe responder por el tiempo perdido. En el tiempo en que Funes fue director de la “Dinaf”, dos larguísimos años, ¿cuántos niños más nacieron, cuántos pasaron de la casa a la calle, cuántos abandonaron la escuela, cuántos sufrieron violencia?

Nota: El autor de esta nota, Gabriel Conte, editor de MDZ fue director de la Dinaadyf en el año 2007.