Representantes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y de la Asociación por los derechos Civiles (ADC) tuvieron este jueves en Mendoza una apretada agenda de actividades en la que reclamaron que se apruebe la demorada ley de Acceso a la Información Pública.

Asimismo, el director ejecutivo de FOPEA, Andrés D’Alessandro, también habló de los problemas de acceder a la información en el ámbito de la Justicia. En este sentido, resaltó durante su visita que la organización ha conseguido sellar con la Corte Nacional y la Corte de Salta sendos convenios para agilizar la llegada a la información oficial por parte de los periodistas.

Y dejó un dato alentador: dijo que un convenio similar estaría en marcha con la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

La ronda de FOPEA y ADC arrancó en la mañana con una reunión con legisladores provinciales, donde se analizaron distintas propuestas presentadas en relación al libre acceso a la información pública. En esta parada, uno de los puntos destacables es que el vicegobernador de la provincia, Cristian Racconto, mostró su interés y puso de relevancia la necesida de regular el acceso a la información.

 “Es muy importante que el vicegobernador haya manifestado su interés y la relevancia que la regulación del derecho de acceso a la información tiene. Esperamos que se pueda concretar la voluntad política necesaria para reglamentar en la provincia de Mendoza este derecho que ya está vigente en nuestro país”, expresaron los representantes de FOPEA luego de reunirse con el número dos de la provincia.

No obstante, a la vez D’Alessandro y Alonso puntualizaron que en Mendoza la legislación en este sentido está “demorada”, ya que no existe ni ley ni decreto que regule el acceso a la información pública; y que por ello “Mendoza está en una posición de desventaja” en este tema.

Antes, los visitantes se habían interiorizado sobre los cuatro proyectos sobre el tema que duermen en la Legislatura, en una reunión que mantuvieron con sus autores. Los proyectos en cuestión pertenecen a los diputados Mirta Díaz (FISCAL) y Luis Petri (ConFe); y los senadores Alejandra Naman (ARI) y Leopoldo Cairone (UCR).

Los proyectos

La propuesta de Mirta Díaz, plantea regular un marco general de acceso a la información pública a ser aplicada en la administración pública provincial, centralizada y descentralizada. Pero además, alcanza a los poderes Legislativo y Judicial, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, y a organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público provincial.

 Establece, por otra parte, que toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información sin necesidad de acreditar derecho alguno.

“Nada de lo que es público debe ser secreto. La gestión del Estado en sus tres Poderes debe ser transparente, salvo en lo estrictamente privado, pero debe informar en lo relativo al gasto del dinero público, a las tareas que se llevan adelante”, señaló Díaz, quien tiene el anhelo de que su proyecto se trate el próximo miércoles, ya que tiene preferencia.

Con el mismo criterio que la legisladora de FISCAL, el proyecto de  Petri plantea que toda información producida u obtenida por los sujetos se presume pública, salvo que se encuentre expresamente exceptuada por la ley. Tales casos descriptos en la propuesta son, entre otros, cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales, o cuando la información solicitada se refiera a cuestiones de familia, menores y los sumarios penales en la etapa de secreto, entre otras excepciones.

En tanto, el proyecto de la senadora Naman estipula la creación de una Comisión especial de acceso a la Información, que sería un ente autárquico y autoridad de aplicación de la norma en caso de que esta sea sancionada.

La iniciativa del senador Cairone, finalmente, establece la creación de un registro y página de Internet dónde conste el número de empleados y funcionarios públicos provinciales de “cualquiera de los poderes del Estado”.

El caso MDZ

Las actividades en favor de democratizar el acceso a la información continuaron con un taller que se realizó en horas de tarde en el auditorio Adolfo Calle de Capital.

“Acceso a la información pública y ejercicio del periodismo", contó con la participación de D´Alessandro, Alonso y los periodistas Daniel Gutman, de Clarín; y Jorge Hirschbrand, de MDZ On Line.

Ante unas 200 personas, Hirschbrand ocupó su tiempo de exposición en detallar el "caso MDZ". Es decir, el infructuoso reclamo al gobierno de Celso Jaque para que informe sobre el reparto del dinero destinado a la publicidad oficial en Mendoza, que rondaría los 70 millones de pesos.

El último episodio de esta novela fue la extraña desaparición de parte de una denuncia de MDZ ante Fiscalía de Estado por la falta de inf0rmación y control de la pauta oficial. Según los argumentos oficiales, la denuncia se "traspapeló" con la ida del último fiscal de Estado, Pedro Sin.

La "investigación" de Fiscalía de Estado había sido iniciada en diciembre, a partir de la presentación de un periodista de MDZ. Antes, habían existido sucesivos pedidos al Gobierno y la Legislatura para que se brindara esa información, los cuales fueron ignorados.

Hirschbrand disertó ante unas 200 personas, entre quienes había periodistas y legisladores, e incluso comunicadores de una gestión gubernamental que está en falta con la premisa democrática de dar a conocer los actos públicos.