La presidenta Cristina Fernández, fue demandada penalmente ante la Justicia por su supuesta responsabilidad en la propagación de la gripe humana en el país, que registra la mayor cantidad de muertos por esta enfermedad en Sudamérica.

Según el abogado denunciante, Alejandro Sánchez Kalbermatten, el Gobierno "ocultó la información, ocultó las estadísticas, propagó la enfermedad y encima nos obligó a contagiarnos".

El profesional agregó que las autoridades debieron posponer los comicios legislativos del domingo pasado, para evitar más contagios.

En su acusación ante el juez Norberto Oyarbide, el letrado imputó a la mandataria un delito previsto en el artículo 202 del Código Penal, que "reprime a todo lo que induzca o haga que se propague toda enfermedad peligrosa o contagiosa, por comisión o por omisión", con penas que van de 3 a 15 años de prisión.

La denuncia, explicó el abogado, "también incluye un concurso de delito con el homicidio culposo, por cuanto se está informando oficialmente después de los comicios que son 55 los muertos por gripe A, a pesar de que algunos dicen que son 44", un delito que, de comprobarse, podría conllevar penas de 5 a 10 años de prisión.

Sánchez se refirió así a las declaraciones dadas ayer por el nuevo ministro de Salud, Juan Manzur, quien informó que la enfermedad ha causado 44 muertes, mientras cálculos extraoficiales difundidos por la prensa elevan esa cifra a más de medio centenar.

La demanda también alcanza al ex presidente Kirchner, candidato oficialista en los comicios del domingo, como "instigador por su ambición de ser electo diputado por la provincia de Buenos Aires y por ser titular del gobernante Partido Justicialista hasta el pasado lunes", dijo el abogado.

Sánchez Kalbermatten detalló además que la denuncia se presentó "contra quien resultara responsable por la dolosa omisión en la toma de decisiones sanitarias para combatir la pandemia".

El abogado consideró que "no retrasar las elecciones fue un acto trasnochado, propio de una ambición política desmesurada", y denunció que después de los comicios se reconoció que los casos de infectados por el virus pueden llegar a decenas de miles, cuando "un día antes de las elecciones se hablaba de 1.500 afectados".

"Todo ciudadano tiene derecho a saber y el Gobierno tiene el deber de informar" sobre las cifras, afirmó.

El denunciante recordó que las leyes argentinas imponen la obligatoriedad del voto, por lo que al no posponer las elecciones, se obligó también a los ciudadanos a exponerse a la enfermedad.

El profesional aseguró que el domingo no fue a votar y aisló a toda su familia por miedo al contagio, y reveló que también pidió a la Justicia "medidas urgentes" para evitar el avance de la enfermedad.

Según el letrado, apenas presentó ayer jueves la demanda, el juez Oyarbide se interesó por la denuncia y le dio curso inmediato a la investigación.