Posiblemente ahora se entienden mejor los motivos por los cuales ningún funcionario del Ministerio de Seguridad se presentó en la casa de Lago Hermoso del barrio Fuchs, donde Alejandro Chinigioli (21) recibió un disparo policial en el rostro, cuando estaba en el interior de su vivienda.

El autor de ese disparo con una Itaka y posta de goma fue efectuado por el auxiliar de policía Jorge Guiñazú, quien fue condenado en 2008 a no portar armas por tres años, por una situación similar en la que un joven sufrió una herida en una de sus manos.

Según el presidente de la Inspección General de Seguridad, Félix Pesce, los jefes inmediatos de Guiñazú  pero también los funcionarios del Ministerio permitieron que el efectivo continuara utilizando armas de la Policía.

Por esta razón, el funcionario del órgano contralor aseguró que “la investigación no termina con el pase a pasiva del uniformado imputado sino que hay que ir más arriba para determinar por qué se cometió esta desobediencia judicial”.

Sin embargo, Pesce prefirió no hacer más declaraciones al respecto debido a que la defensa de Guiñazú podría plantear la nulidad del proceso sumarial interno por haber preopinado.

De todos modos, aunque Pesce hable o no, queda claro que la responsabilidad de la portación de armas por parte del uniformado imputado también es de sus superiores, y alguien deberá salir a explicar los motivos por los cuales no controlaron, en el mejor de los casos, o le permitieron, siendo el peor escenario, tener un arma desoyendo a la Justicia.

El Ministerio de Seguridad estaba al tanto de todo
La versión oficial, brindada en soledad el miércoles pasado por el comisario Daniel Massola, a pocas horas de ocurrido el posible caso de “gatillo fácil” en el Fuchs, dejó en evidencia que algo extraño pasaba, debido a que el jefe distrital insistía en que Guiñazú había identificado a los autores de un asalto y al forcejear con ellos, durante el arresto, se le disparó el arma.

Ese día detuvieron a dos de los amigos de Chinigioli en su casa; al respecto Massola dijo que las mismas víctimas del asalto los habían identificado.

La versión policial se desmoronaba por sí sola. Si un policía por cumplir con su trabajo, arrestar a dos delincuentes que se negaban ser detenidos, forcejó con ellos y se le disparaba el arma accidentalmente, el ministro de Seguridad, Carlos Ciurca, se hubiese presentado en el lugar del hecho para informar a los medios sobre la efectividad policial. Así fue como ocurrió con la joven uniformada que mató a un sujeto que intentó asaltarla en El Algarrobal, incluso fue ascendida. Tal vez, Guiñazú buscaba un ascenso y por eso disparó, tal como testificaron los amigos del joven herido.

El pasado miércoles brillaron por su ausencia los funcionarios de Seguridad y el comisario Massola intentaba instalar otra hipótesis. Hay que recordar que en la vivienda de Chinigioli no encontraron el celular que los presuntos sospechosos detenidos habían robado ni tampoco el arma que utilizaron, siendo que Guiñazú dijo que se habían refugiado en la casa del joven.

Una fuente de Seguridad expresó que a la hora de ocurrido “el lamentable hecho, todos en el Ministerio (por la plana mayor) fueron informados de los antecedentes del efectivo. Pero tenían las esperanzas, y por eso esperaron tantas horas para la conferencia de prensa (de Massola), que los detenidos fueron los autores del robo. Como no fue así, nadie quiso dar la cara”.

Chinigioli demandará al Estado
La herida que tiene en la cara Alejandro, producida por el disparo del auxiliar de policía Jorge Guiñazú, detenido en Almafuerte, sería motivo de una demanda al Estado, según comentaron allegados al joven.

De ganar esa demanda por daños físicos y morales, tratamiento médico y costas, entre otras instancias, deberá ser pagada por todos los mendocinos, siendo que el policía Guiñazú no debía tener un arma en sus manos por una condena judicial. Si hubiese cumplido la ley él y sus superiores, ni Chinigioli estaba hoy herido ni los mendocinos tendrían que pagar (si se efectiviza la demanda y el Estado la pierde) una indemnización al joven o arreglo extra judicial.