Los anuncios del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, dedicados a Mendoza y el conurbano bonaerense, además de reconocer la crudeza de la crisis de la seguridad en estos dos puntos del país, representan una respuesta electoral al problema, pero no constituyen un plan.

Invadir de uniformados las áreas más densamente pobladas da resultados políticos y es aplaudido, en general, por la gente. Sin embargo no ha dado, hasta ahora, resultados concretos en materia de seguridad.

Los aplausos, entonces, duran poco tiempo. Lo que se espera desde el gobierno, en todo caso, es que las palmadas se escuchen hasta fines de junio y que remplacen cualquier posibilidad de que esas mismas manos agiten cucharas contra cacerolas.

La respuesta a la inseguridad

Nombramientos. Cara y contracara. Se destinarán más de 400 millones de pesos para el nombramiento de policías que ya están retirados y que, por lo tanto, percibirán medio sueldo además de sus jubilaciones por aceptar sumarse al elenco que lucha a diario con la criminalidad. No se sabe cuántos están en condiciones físicas o psicológicas de hacerlo, ya que por algo se ha establecido que los uniformados deben retirarse a los 50 años de edad y no después.

Versión electoral En un Estado agigantado al extremo, no hay excusas para incorporar militantes en un año electoral, como han acostumbrado hacerlo gobiernos de todos los signos políticos. Pero la gente rara vez ofrecerá resistencia a engrosas los equipos cuando la excusa es la seguridad.

Miles de celulares

Cara y contracara. Se comprarán miles de celulares para ser entregados a referentes barriales. La tarea ya se hizo en Mendoza y se probó, por ejemplo, en el barrio Trapiche, con relativo éxito. El inconveniente estaba en quién informaba por teléfono a quién qué tipo de hechos. Muchas veces no había nadie que atendiera del otro lado. Otras veces el crédito se gastaba en menesteres personales y muy diferentes a los asignados por la seguridad.

Versión electoral. Cientos de personas conectadas y comunicadas a pocos días de las elecciones.

Cámaras de video

Cara y contracara. El país se suma una moda: la de la videovigilancia. Permite tener registro de un hecho y algún nivel de pruebas cuando el hecho ya pasó. Rara vez sirve para disuadir y casi nunca ha servido (en los casos de Chile e Inglaterra) para prevenir. No hay registro de algún éxito en los casos mendocinos de San Martín y de la ciudad de Mendoza a raíz del funcionamiento de estos sistemas.

Versión electoral. Si bien no puede dársele directamente un mal uso electoral a los aparatos, si puede ser parte de una tarea proselitista: comprar, instalar e inaugurar cámaras da rédito y entusiasma a los proveedores.

Centros comunales de monitoreo

Cara y contracara. Es correcto: los municipios son el lugar más cercano para la gente y, además, sus autoridades son las que reciben los reclamos de las víctimas y atienden a las manifestaciones. Pero la seguridad es responsabilidad del Estado provincial. Esta opción se parece mucho (pero no es) algo que ya está establecido por la ley provincial 6.721, que crea los Consejos Departamentales de Seguridad y los foros barriales que, de hecho, no están funcionando. No se ha derogado ni cambiado la ley para ser sustituida por una idea porteña.

Versión electoral. Recibir los reclamos a nivel comunal en un ente centralizado, disminuye las posibilidades de filtraciones que ofrece el sistema legalmente existente, el de los Consejos Departamentales, pluralistas y controlados. No hay espacio en este modelo para la mirada externa; sólo habrá “voz oficial”.

Incorporación de gendarmes

Cara y contracara. Más capital humano para la seguridad. Sin embargo, orgánicamente la Gendarmería está preparada, diseñada y entrenada para custodiar zonas de frontera y no para prevenir y combatir la inseguridad urbana. Así lo establece la ley de creación, su Manual de Funcionamiento y lo anuncia el sitio web oficial. Por lo que se está exagerando su rol, cuando no, interfiriendo en tareas que les son propias a las fuerzas policiales provinciales.

Versión electoral. El gobierno abre una línea de empleo pocos meses antes de las elecciones, destinada a jóvenes de entre 18 y 23 años de edad.