El gobernador ha vuelto una vez más a partir con destino a Capital Federal. Esta vez, para traer un plan de seguridad auspiciado por la Nación y que la presidencia Cristina Fernández de Kirchner anunciará mañana al mediodía en Olivos y que dará sus primeros pasos en dos de las provincias donde la inseguridad "es más candente": Buenos Aires, pero también Mendoza.

Según fuentes cercanas al gobernador, Celso Jaque habría viajado en últimas horas de la tarde a la Capital para una de las últimas apuestas de campaña que tiene en la gestión justicialista local y a la nacional dos socios cada vez más estrechos a la hora de pensar y resolver problemas electorales.

En este caso, la seguridad, el principal problema que los mendocinos señalan en encuestas varias.

La noticia por el momento permite hacer dos tipos de lectura. Por un lado, un nuevo espaldarazo que el Gobierno nacional otorga a la gestión jaquista, considerando que se trata de uno de los escenarios electorales más significativos que el kirchnerismo no quiere perder.

Es que esta es la provincia de Julio Cobos y estas medidas que, según se comenta, contendrá inversiones en tecnología y logística para combatir el delito ocurren en un contexto de estricto sentido electoral. No es un gesto aislado: marcan la decisiva inversión que la administración nacional está realizando en un gobierno provincial con mala imagen ante la ciudadanía y que se confirman con la reciente visita presidencial a Mendoza durante la vendimia.

Por el otro, se reconoce -al menos desde la Nación- que esta provincia está a la altura del conflicto delictivo que padece el conurbano bonaerense. Si bien este plan tendrá alcance nacional, no es menos que se empiece por Mendoza -y la provincia que dirige Daniel Scioli, claro está, quien ya venía sintiendo en los últimos tiempos la falta de acompañamiento de la Nación en esta problemática caliente-.

Cabe recordar que ya en campaña, pero en octubre del año pasado, Jaque alcanzó la gobernación con dos propuestas basadas en la seguridad.

Por un lado, la identificación de los principales focos del delito a través de un mapa que sus asesores publicitarios explotaron con un spot que, hasta la fecha, los ciudadanos le reclaman.

Pero también, en la promesa que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le habria realizado -cuando ella también estaba en campaña para suceder a su esposo- para otorgarle 40 millones de pesos que destinaría al combate del delito, si era elegido gobernador. Una promesa de largo aliento, que tardó en cumplirse, en cómodas cuotas a lo largo de 2008 y cuyas explicaciones por parte de los funcionarios nunca fueron del todo claras.