El hombre había viajado a Buenos Aires por negocios. Regresó a Mendoza cansado, con ganas de llegar a su casa, recostarse y lograr -aunque su actividad se lo impida la mayoría de las veces- poner la mente en blanco. Pero fue en ese preciso momento cuando sintió que estaba a punto de sufrir un pico de estrés: su casa, que si bien es de grandes dimensiones no llega a ser una mansión, había sido desvalijada.
La víctima, un alto ejecutivo empresarial, demoró algunos segundos en entender lo que había sucedido. Y no porque hubiese estado convencido de que él no podía ser víctima de la inseguridad, sino porque siempre pensó que, al menos su morada, ubicada en el barrio Dalvian, contaba con la “garantía” que el inconsciente popular le atribuye a los barrios privados.
Una vez que hizo un breve arqueo y corroboró cuáles eran los artefactos que faltaban de su casa, lo primero que hizo fue ir hasta el puesto de seguridad más cercano para saber si los custodios habían tenido alguna novedad relacionada con su caso, que, se supone, ocurrió el miércoles por la noche. Sin embargo, el intento de esclarecer el hecho fue en vano: a pesar de los celosos controles para quienes viven allí y para quienes visitan el barrio, nadie vio nada.
“Estamos tratando de rastrear la denuncia, pero no la encontramos. De todos modos, que no se haya hecho, no significa que no haya ocurrido. La mayoría de los robos que ocurren en el Dalvian no se denuncian. No sabemos si es por qué los damnificados tienen vergüenza o porque solucionan sus problemas de otra manera”, explicó un funcionario de la Oficina Fiscal 2, ubicado en el barrio Cano y donde, en condiciones normales, debería haberse registrado el robo.
Este robo se encuadra en una nueva modalidad delictiva, que apunta a dar
golpes en casas de barrios privados o countries. Sin embargo, gran parte de estos robos no son denunciados, ya sea por decisión de las víctimas o por las presiones que sufren por parte de los administradores de los complejos, quienes por todos los medios intentan disimular esta situación para evitar convertirse en un punto rojo dentro del mapa del delito.