Ismael Farrando

"Tenemos un federalismo de papel"

Titular de la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Cuyo y asesor jurídico del Municipio de San Carlos.

Ismael Farrando comenzó a asesorar jurídicamente a San Carlos desde la época en que el intendente era el radical Natalio Firpo (1983-1999). Luego siguió siéndolo durante la gestión del justicialista Mario Guiñazú (1999-2007) y ahora lo es del demócrata Jorge Difonso.

Farrando se vinculó a San Carlos a raíz del problema limítrofe que el departamento tiene con su vecino Rivadavia. El límite entre ambos departamentos es una zona de la que se extrae petróleo y, por lo tanto, definir la línea que separa a ambos implica de qué lado quedan más o menos regalías petrolíferas. El trabajo de Farrando en la época de Firpo, -cuando se hizo un reclamo por regalías que resultó exitoso-, le produjo a San Carlos el ingreso de grandes sumas de dinero.

Además de asesor jurídico de San Carlos, Farrando es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Cuyo, vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y director del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos.

Aunque el problema del límite entre San Carlos y Rivadavia sigue su camino judicial –está en la Corte Suprema de Justicia-, Farrando está ahora asesorando en otro tema que genera opiniones diversas en San Carlos: la creación de una empresa municipal.

El Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante, a mediados de año, un proyecto de ordenanza para crear una sociedad del estado municipal. Si bien el proyecto fue aprobado, aún no lo fue la ordenanza que crea el estatuto, que viene a ser algo así como el corazón de la empresa. En principio, el proyecto de estatuto enviado por el intendente Difonso resultó “muy amplio” para los concejales, lo que generó dudas y rechazos.

El proyecto de estatuto de la empresa municipal prevé que ésta pueda llevar adelante varios tipos de emprendimientos: prestar servicios de transporte, proveer señal de internet y telefonía, generar energía, sanear agua potable, comercializar productos regionales, ofrecer servicios de salud, operar como fondo de financiamiento de inversiones privadas y públicas, embotellar agua mineral, actuar como mandataria de la Municipalidad de San Carlos para recaudar, fiscalizar y administrar recursos, entre otros.

Para responder a estas dudas, Farrando ya se ha reunido más de una vez con los concejales sancarlinos. Al margen de las cuestiones netamente jurídicas que hacen a la elaboración del estatuto y que Farrando ha explicado con claridad, la aprobación del estatuto es ahora una cuestión netamente política.

- ¿Usted coincide con el imaginario colectivo, en donde la idea de la empresa estatal es, al menos, fuente de dudas?

- Lo que pasa es que hay una historia; la gente recuerda fracasos rotundos. No obstante, algunas empresas han sido muy exitosas y otras debieron serlo pero, lamentablemente, la mala política o la mala partidocracia lo impidieron. EMSE (Energía Mendoza Sociedad del Estado) fue un ejemplo de una sociedad del estado muy exitosa. Su privatización se decidió por un voto, hubo manifestaciones del pueblo de la provincia en defensa de EMSE, porque era una empresa exitosa, ganaba plata, hacían las cosas bien, tenía un directorio acotado y tenía bien separado lo técnico de lo político.

- La empresa debe ser técnica y no política…

- Creo que eso es lo que hay que ver. Hay que tratar de que la empresa sea técnica. Si no, lamentablemente, cuando los intereses en la política están cruzados o no son coincidentes, por ahí, se ensucia lo demás y esto tiene coletazos en empresas que podrían ser exitosas si, previamente, (los políticos) se pusieran de acuerdo. Yo les he dicho (a los concejales) que traten de buscar consenso. Es mejor perderse un año buscando consensos para que sea un éxito, que hacer las cosas apresuradamente sin consenso y que al final fracasen. A la larga, cuando no hay consenso, se fracasa. Es una regla de la política. Aquellos estrategas o políticos que han hecho cosas exitosas son los que han construido mayores consensos. Si no están de acuerdo en diez puntos del objeto (las actividades que podrá desempeñar la futura empresa), consensuen cinco o cuatro o tres o los que ellos digan. Pero el tema es tener consenso. Hay que tener en cuenta que es que la empresa va a estar al servicio de la gente. Es decir, si se hace esto es para que se haga una cosa mejor.

- ¿El Estado municipal no puede hacer las mismas actividades que la empresa?

- Sí, puede. Pero hay ciertos tipos de actividades, industriales o comerciales, que si las hace el Estado resulta más burocrático o más caro. Pero si las hace a través de una empresa, y se las hace bien, eso repercute en el pueblo, en mejor servicio, mejor prestación. La reforma de la constitución del ‘94 asegura al usuario la calidad y la eficiencia en los servicios públicos. Una empresa del estado puede hacer cosas importantísimas, caso EMSE, o puede ser nefasta, como tuvimos varios casos, con directorios amplios, grandes sueldos, etc.

- En su reunión con los concejales, usted mencionó la posibilidad de que los directores de la futura empresa municipal trabajen ad honorem…

- Creo que la posibilidad de que los directores trabajen ad honorem es muy interesante, porque son funcionarios públicos. Bueno, cobran como funcionarios públicos y ejercen sus funciones en la empresa ad honorem. Creo que puede ser un punto de unión, de reflexión, que les sirva a los concejales a obtener consenso.

- Una de las dudas que se plantearon entre los concejales respecto de la empresa es si, una vez creada, el municipio puede entregarla a un socio privado…
 
- La ley 20.705 que crea la sociedad del estado define en su artículo 1º quiénes pueden ser los actores de esta sociedad, y dice: los que pueden tener empresas del estado son el estado nacional, provincial y municipal. La ley obliga a que la sociedad sea 100 por ciento estatal. Por eso en este proyecto (el de la empresa de San Carlos), en el artículo donde se regula el capital de la sociedad, dice que el estado municipal es el titular del 100 por ciento de su capital y que eso se representa a través de ciertos certificados nominales (acciones) que la empresa emite. Esos certificados únicamente pueden ser cedidos entre los sujetos enumerados en el artículo 1º de la ley y que son sujetos estatales.

- ¿Fue convocado por el Ejecutivo de San Carlos para diseñar el estatuto de la empresa?

- Bueno, es una iniciativa del Ejecutivo municipal. Como trabajo desde hace muchos años con el municipio de San Carlos, en un momento se me pidió asesoramiento acerca de la posibilidad de crear una sociedad del estado municipal y yo dije que era perfectamente posible. A partir de ahí, se hizo un proyecto de estatuto, que es el que se está debatiendo. Es un diseño como el de cualquier estatuto, que sigue los criterios de la ley de sociedades, directorio, asamblea, síndicos, acciones, etc. Ahora, se está tratando de consensuar el proyecto a partir de este modelo. La sociedad municipal ya ha sido creada por una ordenanza que determina un capital inicial ($360 mil) y ahora el Concejo Deliberante debe establecer su estatuto, que es un poco la constitución de la sociedad.
 
- Los concejales cuestionaron el hecho de que el objeto de la empresa (la cantidad de actividades a las que podría dedicarse) fuera tan amplio. Incluso algunos dijeron que hasta podría convertirse en un municipio paralelo. ¿Podría llegar a ser así?

- Creo que no, por muchas razones. Por un lado, el tema del objeto se está discutiendo y todavía no está cerrado. Me parece que el consenso va a venir por tener un objeto acotado. La sociedad puede tener un objeto formalmente muy amplio y luego desarrollar actividades a partir de su capacidad económica; o un objeto más acotado, y a medida que crece ir ampliándolo con sucesivas reformas del estatuto. Son formas de encarar un estatuto. Por otro lado, la empresa no puede convertirse en un estado paralelo, a no ser que el Concejo Deliberante quiera tener un estado paralelo. Esto, como todo, se maneja con presupuesto. Y quien autoriza el presupuesto es el Concejo Deliberante. Aunque no lo diga el estatuto, lo dice la Constitución y la ley de municipalidades, las partidas para la empresa las aprueba el Concejo Deliberante, que es quien va a abrir y cerrar el grifo del presupuesto y que, a su vez, va a estar controlado por el Tribunal de Cuentas. Creo que si las cosas se hacen bien, la ley da todas las herramientas posibles para que esto sea exitoso. Ojo, depende de los hombres; muchas veces los hombres echamos a perder a la mejor de las instituciones.

- Da la impresión de que los concejales no confían en el poder que va a tener el Concejo Deliberante sobre la empresa.

- A lo mejor es una sensación. Creo que esa sensación se puede mejorar en la medida en que se discuta la forma que tendrá el estatuto. Por eso, los he convocado a tener todas las reuniones que hagan falta, incluso que cada uno traiga su proyecto de estatuto, así sienten más seguridad. La norma debe darles la mayor seguridad posible. Entonces, creo que en esta búsqueda de consenso es bueno que cada bloque traiga su propuesta y vean qué se puede incorporar porque, en definitiva, estamos haciendo un traje que debe ser a la medida de ellos. El derecho da esa posibilidad. En ese sentido, creo que mientras más claro, mejor.

- ¿Cuánto tiempo más puede demorar la concreción de esta empresa?

- Todo el tiempo político, o toda la celeridad, que los concejales quieran darle. Si hay consenso, en la próxima sesión se aprueba el estatuto y la empresa comienza a funcionar. Es un tiempo político que se tienen que dar.

- ¿No le parece que la decisión de crear una empresa estatal, en este clima económico, es riesgosa?

- Creo que es una visión de futuro. Y creo que, bien llevada, es un instrumento muy eficaz. Mendoza tiene una riqueza muy grande que pasa por el petróleo, por la energía, por la vitivinicultura y por su gente. Mendoza tiene una calidad institucional muy superior, creo, que al de cualquier provincia argentina. Cuando estudiemos cómo están divididas las constituciones (provinciales), si tienen reelecciones, cómo son los períodos ejecutivos, cómo se reglan las relaciones entre los ejecutivos y los poderes judiciales, qué libertad judicial y profesional existe, creo que veremos que Mendoza goza de una gran calidad institucional. Tenemos nuestros problemas, como todos. Somos muy exigentes con nosotros mismos, por ahí falla algo y nos autodestruimos, nos flagelamos. Vaya a otras provincias, que no hace falta que se las nombre, y vea si existe alguna justicia o no. Creo que hay un buen material humano en Mendoza y tenemos un gran desafío en áreas especiales como son las de energía y petróleo.

- Ya que menciona el tema del petróleo, que no sólo es una de las áreas en las que se enfocará la empresa municipal sino que es uno de los reclamos que la actual gestión ha realizado ante la provincia, ¿no cree que los municipios, con el actual sistema de regalías, están dejando de ganar un dinero que, en principio, les corresponde?

- En algún momento habrá que reglar las regalías que están cobrando las provincias y, por ende, lo que se coparticipa a los municipios. La nación liquida regalías a la provincia a un valor de 42 dólares el barril de petróleo, cuando sabemos que el precio internacional es superior y llegó a estar en 140 dólares. Hay estudios, y en uno de ellos ha participado el Municipio de San Carlos, que indican que la provincia está perdiendo entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por año (debido a este desfasaje en el precio). Si se liquidaran las regalías, no le voy a decir al precio del mercado internacional, pero a un valor más real que los 42 dólares actuales, y si eso se coparticipara como corresponde, la provincia y los municipios podrían estar mucho mejor. Nosotros tenemos un porcentaje de coparticipación del 12%, que es un porcentaje histórico y, personalmente, creo que está desactualizado.

- ¿Cree que el gobierno nacional va a aumentar el precio al que liquida el barril y, a la vez, subir el porcentaje de coparticipación a las provincias?

- Bueno, esto nos pone ante un tema muy interesante que es el de qué federalismo que queremos. Porque, lamentablemente, tenemos un federalismo de papel. Hemos perdido el federalismo con que soñó (Juan Bautista) Alberdi y Pedro Frías, en Córdoba. En este sentido, creo que es muy peligroso que el estado nacional siga manejando muchos recursos que debió coparticipar. Este año hemos tenido un conflicto muy serio, quizá uno de los mayores conflictos que ha tenido la sociedad argentina, que fue el conflicto entre campo y el gobierno. Sin tomar partido por ninguna de las dos partes e independientemente de lo ideológico, creo que puso sobre la mesa un problema económico muy serio, que es el hecho de que la totalidad de las retenciones a las exportaciones cerealeras no se coparticipan. Es decir, la nación maneja una caja muy grande de la que no participan las provincias.

- Y no es lo único que no coparticipa…

- Claro, tenemos otros ejemplos. Del impuesto al cheque sólo se coparticipa el 30%. Entonces yo creo que esto hay que verlo de cara al federalismo. Si realmente queremos un federalismo de papel o queremos un federalismo del que demos testimonio. Si queremos un país federal tenemos que tener autonomías federales con recursos. Es una decisión política. Creo que las provincias siempre han sido en esto, le digo sinceramente, modestas. Ninguna provincia va a pedir más coparticipación de la que necesita. Luego, no reciben lo que piden y terminan mendigando en Buenos Aires recursos que, si el sistema jurídico estuviera implementado de la forma federal que dice el artículo primero de la Constitución Nacional, no tendrían necesidad de estar reclamando.

- ¿Usted considera que el gobierno de la provincia debiera reclamar ante la nación la plata que le corresponde?

- Creo que cualquier gobierno provincial debe defender los intereses de su provincia. Hay que ser muy claro. ¿Estamos hablando del federalismo que nos han sacado, el hemos perdido o el que hemos resignado? Porque no hay que olvidarse que los representantes en el Congreso de la Nación, que son los que dictan las leyes y que muchas veces delegan en el Poder Ejecutivo, son gente de las provincias. Es un tema de alta política. ¿Cómo vota el senador? El senador del Senado que Alberdi pensó como representante de las autonomías provinciales. ¿Vota en función de los intereses de su provincia o vota lo que le dice el jefe de bloque de su partido nacional? Es un tema de conciencia que debemos resolver los argentinos. Creo que nuestro país va a tener serios problemas si seguimos con una política centralista. El otro día leía una nota que hablaba de federales y unitarios y pensaba: si seguimos así habrá que reconocer que perdimos 200 años. ¿Qué bicentenario vamos a festejar, el del centralismo, el de haber resignado las autonomías provinciales al poder central, o el del equilibrio? Porque también hay provincias que, lamentablemente, por su economía no tienen bases concretas de autosustentación, pero son argentinos. Y de ahí es donde vienen los conceptos de responsabilidad social, -del gobierno, de las empresas-, y de solidaridad. No podemos tener provincias viables y no viables. Somos una nación; eso decidimos en 1853. El tema es buscar ese equilibrio de solidaridad.
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