Eduardo Santín

"Los sistemas de Seguridad Social tienen que ser del Estado"

Prosecretario de la Cámara de Diputados.

“De 5.000.000 de jubilados que existen en nuestro país, el 75% cobra $700”. Así lo afirma el ingeniero Eduardo Santín, prosecreatrio de Coordinación Operativa de la Cámara de Diputados de la Nación.  Es decir que la inmensa mayoría de los ancianos de la Argentina recibe unos pocos billetes que la ubican por debajo de la línea de pobreza.

En su artículo publicado en Perfil,  Miguel Braun, director ejecutivo del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), escribe: “la reforma del sistema jubilatorio propuesta por el Ejecutivo genera un beneficio de caja de corto plazo para el Gobierno nacional, a costa de poner en riesgo la sostenibilidad fiscal futura, debilitar el mercado de capitales y enrarecer el clima de negocios”.

Lo cierto es que el debate sigue abierto y la Unión Cívica Radical presentó  su propuesta alternativa basada en un régimen previsional de reparto asistido de base universal y capitalización social que incluye varias modificaciones.

En el 1° artículo de este proyecto queda expuesto, que el mismo está fundamentado en el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado que se financiarán a través de un sistema de reparto asistido, que cubrirá las contingencias de vejez, invalidez y muerte y se integrará al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS).

Y más adelante, en el artículo 64, propone: “fíjese el Haber Mínimo Jubilatorio en el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil fijado por el Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad”.

Eduardo Santín, ex diputado nacional de la UCR (1991-1995 / 1997-2001) y Máster en Seguridad Social por la Universidad de Alcalá, España, considera que “esta es una decisión estructural que el Estado no puede tomar sólo para quedarse con la caja. Se supone que la jubilación es sustitutiva del salario que uno cobraba cuando trabajaba".

"La realidad es que el presidente (acto fallido del entrevistado) y la presidenta, están convencidos de que la Historia empieza con ellos. Hoy critican la década del ´90 pero en su momento fueron copartícipes. El mea culpa yo no me lo creo pero como estoy convencido de que el sistema de reparto es la mejor opción, voy a trabajar para que así sea”.

- ¿Cuál es la posición del radicalismo con respecto a la reestatización?

- Nosotros coincidimos con el gobierno en eliminar las AFJP para que queden en manos de un régimen encabezado por el Estado, y en su momento, cuando era diputado nacional, me opuse a la creación de las administradoras. Si bien estamos de acuerdo con la decisión que quiere tomarse, no estamos de acuerdo con la forma en que se está haciendo. Nuestra propuesta apela a que se establezcan determinadas modificaciones. El sistema alternativo que presentamos está centrado fundamentalmente en tres ejes: una prestación universal, otra jubilatoria y la creación del Fondo Previsional Social.

- ¿Qué consecuencias traerá aparejada la eliminación del sistema previsional mixto?

- Nosotros creemos que las consecuencias serán negativas. Yo creo que provocará, a medida que la gente se jubile, una fenomenal decepción. Parece muy lindo que las personas tengan el poder de elegir pero en realidad, un ciudadano común que no maneja las leyes ni recibe mayor información, está muy lejos de tomar una decisión acertada. Es falso que exista libertad de elección, ésta sólo se da cuando uno conoce el tema que se está tratando. Entonces, todo depende de la información que se tenga. El Estado tiene mala prensa como estructura, y ha hecho sus méritos para que así sea. Las administradoras instalaron la teoría de que uno se retiraba como “gerente”, la ilusión del jubilado japonés. Y en su momento, quienes entraron, lo hicieron pensando así.

- ¿Cuál es la situación actual?

- Hoy, el 40% de los jubilados de las AFJP tienen que ser subsidiados por el Estado porque no llegan a cobrar el mínimo. Entonces, éste se termina haciendo cargo de algo que es muy costoso sin recibir financiamiento para tal fin; no hay que olvidar que le costó la mitad de su deuda externa esta reforma previsional. Los sistemas de Seguridad Social tienen que ser del Estado ya que vienen a cumplir contingencias complejas -vejez, muerte, discapacidad-, y a los privados no les importa eso, vienen a hacer negocios  y no beneficencia. El Estado tiene que generar condiciones de solidaridad para resolver el conflicto. No hay ningún país “importante” en el mundo (Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y otros) que tenga el sistema previsional en manos del sector privado. La concepción que reina es que el Estado es responsable de la Seguridad Social, después, claro que existen sistemas privados.

- ¿Por dónde debería girar la discusión?

- Por empezar, por saber que el sistema previsional no está para juntar plata sino para funcionar como mecanismo de distribución de ingresos. Pareciera que la ANSES fuera hoy el Ministerio de Obras Públicas; dispone de sus ingresos para construir escuelas, hospitales, caminos. Mientras que los jubilados no tienen plata para pagar los medicamentos, este organismo se dedica a resolver cosas que no le incumben. La Argentina debe discutir un sistema serio para los próximos 30 años para que no suceda lo de Menem, que decidió a fuego y espada, y tan pronto terminó su gobierno empezaron las modificaciones.

- ¿Y cómo se discute un sistema serio?

- Juntando a los partidos con representación legislativa y buscando el consenso y la confianza a largo plazo. No se puede discutir el sistema previsional en 15 días como pretende el oficialismo. Pareciera muy difícil de hacer, sin embargo Chile lo está haciendo y lleva un año rediscutiendo su sistema, los brasileros tardaron casi dos años en tomar la decisión, en España sucedió lo mismo... La discusión no puede darse en dos días porque tienen que participar muchos actores: Estado, partidos políticos, sindicatos, técnicos. 

- ¿No es de dudosa legalidad disponer de los fondos de cuentas individuales?

- Partiendo de mis conocimientos y como ingeniero hablando de Derecho, la realidad es que la cuenta que uno tiene en la administradora es “casi virtual”. Los depósitos que están ahí no pueden sacarse de un momento a otro, lo que hacen es dar el derecho a un haber jubilatorio. Lo que sucede hoy es que está afectando un derecho en expectativa. La Corte ha sostenido en infinidad de fallos que los derechos en expectativa no generan derechos de propiedad. Si uno tuviera disponibilidad de hacer uso anticipado de ese dinero sería otra cosa. En realidad, no se tiene derecho sobre el dinero sino sobre la prestación bajo determinadas condiciones y reglas de juego.

- ¿Y en el caso de que los fondos fueran utilizados para tapar urgencias fiscales?

- A medida que los jubilados sigan cobrando sus beneficios no debería importar mucho para qué se utilizan los fondos. Ahora, si en un futuro no existe plata para pagar jubilaciones, habría lugar para iniciar la demanda pertinente. Así sucede con la ANSES hoy, a la que se le inician 2000 juicios por mes porque no paga lo que corresponde y calcula mal los haberes. Paradójicamente, compró gasoil a Venezuela para las centrales térmicas con plata de los jubilados. Pero en realidad, eso no está prohibido y no es delito ya que no hay ningún menú que impida hacerlo. Si hubiera reglas de juego claras la situación sería otra. Esto supone un problema ya que el oficialismo pretende que el funcionamiento de la ANSES siga como hasta ahora, con libertad de manejar el fondo como quiera.

- ¿Considera que la decisión formó parte de una medida extraordinaria y se aprovechó el actual contexto de crisis para dar a conocer la noticia?

- Lo que creo es que no es el mejor momento para tomar una decisión tan importante como esta. Hubiera sido mejor discutir esto, si es que realmente estaba en la cartera del Ejecutivo, hace seis meses atrás. Hoy, en medio de la crisis financiera internacional, no queda muy en claro si los vaivenes de la bolsa argentina tienen que ver con la decisión que tomó el gobierno sobre el futuro de las AFJP o no. Pero ya está tomada y ahora corresponde encontrar la respuesta, por el sí o por el no.

- ¿Si no se atiende a las modificaciones del proyecto que ustedes presentaron qué sucederá?

- Pretendemos que se discuta el sistema fiduciario de la Argentina y exista un marco de consenso. Los primeros beneficiarios de todo esto tienen que ser los propios dueños, es decir, los jubilados. Éstos no son bien remunerados y hay que atenderlos. Esta es una decisión estructural que no puede tomarse solamente para quedarse con la caja y administrar los 125 mil millones que tiene el sistema y los 1.500 millones que entrarán por mes. Hoy el sistema paga el 50% del salario que uno cobraba y esto es una porquería, se supone que la jubilación es un sustitutivo del sueldo que uno recibía cuando trabajaba. Consideramos que hay que generar mayor prestación universal y hacer un mecanismo de redistribución de ingresos.

- ¿Por qué cree que esta decisión se vive con desconfianza y la sociedad civil está tan desconcertada?

- La realidad es que todo lo que propone el gobierno en estos días suena a desconfianza. Lo que un año atrás era bien recibido hoy no es bien visto y esto se debe a la pérdida del poder. El gobierno  ha perdido credibilidad en la sociedad, sobre todo en decisiones de tan alto impacto. Yo creo que desde que están los Kirchner, desde el 2003 a la fecha, esta es la decisión estructural más importante que el gobierno toma. Sin embargo, lo hace en un marco de desconfianza fenomenal. Más que nunca debería buscar consenso pero su metodología autoritaria se lo impide. Por ejemplo, en su momento, no entendió que Cobos lo salvó, cuando en su voto no positivo evitó el conflicto social.

- ¿Considera que las provincias tienen derecho a reclamar la devolución de los aportes que hacen? 

- Nosotros tenemos un sistema de reparto asistido. Esto significa que las provincias ponen parte de sus recursos en el sistema previsional teniendo en cuenta que hay muchos jubilados en sus ciudades que generan riqueza. Cuando en el interior existían bonos, los pocos billetes que circulaban eran los que cobraban los jubilados. Es cierto que las provincias aportan al sistema y éste se los redistribuye.

- Entonces, ¿cuál es su posición al respecto?

- Mire, hay lugares en donde el Estado se hace cargo de todos sus jubilados, la realidad es que las provincias que adquirieron sus cajas son las que menos derecho a reclamar tienen, porque sólo no sólo le están pagando a los jubilados nacionales que están en sus provincias sino que aparte le están pagando a los provinciales, retirados bajo ese régimen del que ahora se hace cargo la Nación. Al fin y al cabo a los jubilados se les sigue pagando todos los meses. Es un tema. Que la distribución nación-provincia está muy mal, es así. Se ha roto la regulación que tiene la Ley de Coparticipación Nacional pero no por culpa de los jubilados. Al final siempre se termina metiéndole la mano en el bolsillo a ellos y no debe ser así, hay que repensar el sistema.

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