Torales y Forestieri

"El acceso a la tierra es el gran debate pendiente en el Paraguay de Lugo"

Responsables de Amnistía Internacional Paraguay

Hace dos meses asumió la presidencia de Paraguay el sacerdote católico Fernando Lugo. Su triunfo “hizo que creamos en milagros”, tal como lo contó a MDZ en una entrevista realizada el 27 de abril, la jurista Yeny Villalba, del Centro de Estudios Judiciales de aquel país.

 

Quedaron atrás 61 años de gobierno del Partido Colorado que, más allá del color que le da nombre, de izquierdista, precisamente, no tenía nada.

 

El estigma de la familia Stroessner siempre estuvo vigente y el desafío de Fernando Lugo está en erradicarlo, al mismo que sacar al país delante de su situación de pobreza y marginalidad.

 

En una columna publicada por MDZ poco antes de su asunción en la presidencia, el periodista Carlos Iaquinandi Castro analizó los condimentos de injusticia, inseguridad y desigualdad con los que se encontró Lugo en la agenda. Escribió: “Cientos de miles de campesinos luchan desde hace décadas por acceder a parcelas y a mejorar sus condiciones de vida.  Los propietarios siempre han contado con la complicidad policial y gubernamental para reprimir a los movimientos rurales.  Más de un centenar de dirigentes y líderes campesinos han sido asesinados en los últimos 20 años.  La casi totalidad de estos crímenes han quedado en total impunidad, sin responsables ni condenas”.

 

En dos meses “que parecen dos años”, según nos contó un paraguayo que trabaja desde la sociedad civil para consolidar el sistema democrático, Lugo inició algunas de las tareas comprometidas y priorizó otras.

 

Por eso hablamos con los representantes de una organización de carácter global que trabaja en Paraguay en la defensa de los Derechos Humanos y que tiene allí un notable prestigio y ascendente en la sociedad: Amnistía Internacional.

 

En diálogo con MDZ, Julio Torales, su presidente, junto con Fabián Forestieri, coordinador del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional Paraguay, otorgaron su punto de vista sobre la marcha del gobierno y las perspectivas, tras entrevistarse con Fernando Lugo y ofrecerles todo lo que está a su alcance para que el país salga adelante.

 

- ¿Creen que Lugo representa todavía una esperanza de cambio?  

 

Julio Torales: Amnistía Internacional Paraguay ha presentado al presidente Fernando Lugo en el mes de marzo y nuevamente en mayo de 2008 una Guía para un Plan Nacional de Derechos Humanos. La entrega se hizo durante una audiencia privada. En la reunión, el presidente Lugo nos expresó su interés de apoyar aquellas políticas públicas tendientes a fortalecer el sistema de derechos humanos en Paraguay y nosotros le manifestamos nuestro interés en colaborar con la gestión gubernativa a través de la provisión de experiencias y el monitoreo.

 

- ¿Ha dado alguna señal en ese sentido?

 

JT: Es dable destacar algunos signos, como por ejemplo el trabajo en materia de salud, la cual fue declarada gratuita para toda la población hace pocos meses, así como el interés manifiesto del presidente de interiorizarse de la problemática de derechos humanos presentada en la Guía de Amnistía Internacional Paraguay. Entre los puntos negativos de estos primeros días de gestión está el documento emitido por la Policía Nacional del Paraguay que recomendaba portar armas.

 

- A este episodio en el que se recomendó a la población defenderse por si sola con armas, ¿cómo lo evalúan?, ¿como algo pasajero o como una política?

 

JT: Nosotros consideramos prudente que la ciudadanía esté atenta al episodio suscitado a fin de evitar que el mismo se convierta como un hecho reiterativo dentro del ámbito y la perspectiva de las políticas públicas sobre seguridad ciudadana, ámbito en el cual AI Paraguay ha sentado postura en innumerables ocasiones. Amnistía Internacional Paraguay recuerda al gobierno garaguayo que la seguridad interna de un país no se resuelve con una ciudadanía armada.

 

- ¿Creen que Paraguay dejará de ser considerado un país de contrabando?

 

Fabián Forestieri: Desde Amnistía Internacional, consideramos que el nuevo gobierno deberá apuntar a la consolidación de las instituciones y del sistema democrático a través de señales y gestos claros acerca de la plena vigencia de los DDHH. Dentro del ámbito de los DDHH, es fundamental la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas de las entidades encargadas de la administración pública de modo a reasegurar el goce efectivo de los paraguayos y las paraguayas de todos los DDHH.

 

-¿Cuál es la situación en materia de pobreza en Paraguay?

 

JT: En Paraguay de los aproximadamente 6 millones de personas que habitan la república, el 35% vive en la pobreza y el 19% en la extrema pobreza. Si bien la pobreza total se ha reducido desde el 2004, la extrema pobreza ha aumentado considerablemente. La incidencia de la pobreza extrema en los indígenas es casi 8 veces mayor que en el resto de la población. Todo esto se debe tanto a un esquema de inequidad en la distribución de la riqueza como así también a la ausencia de políticas públicas enfocadas a la reducción de la pobreza, sumada a la aplicación de algunas políticas inadecuadas, las cuales ensombrecen el escenario económico del país, tornándolo cada vez más abrumador. La falta de empleo, un sistema sanitario sesgado y discriminatorio, una educación para pocos y múltiples necesidades básicas insatisfechas configuran al Paraguay como uno de los países más pobres de la América hispanohablante.

 

- Uno de los principales problema que afronta Paraguay es la gran cantidad de gente que fue excluida de sus actividades primarias en el agro y que rodean a la capital, Asunción, ¿Cuál debe ser la política del Estado paraguayo para abordar la marginación desde su punto de vista?

 

FF:  El estado paraguayo necesita implementar políticas públicas que cuenten con una visión de fuerte arraigo en derechos humanos y con una perspectiva integral del drama de la pobreza.

 

Nuestra sociedad y sus actores, deben plantearse un debate abierto acerca de los procesos internos y las consecuencias de la pobreza estructural. En esta cuestión y con referencia a la exclusión y marginalización de vastos sectores de nuestra población, la descentralización es una tarea pendiente en nuestra agenda.

 

Por otro lado, tanto en la cuestión del acceso a la tierra de grupos campesinos e indígenas, como  en el proceso de la implantación de enclaves de producción agroindustrial y sus consecuencias, las soluciones debieran apuntar hacia la construcción de consensos sociales que fomenten una mirada solidaria y de dignidad del ser humano, principal eje de cualquier política pública que se precie de respetuosa del esquema de los DDHH.

 

- ¿Se ha producido o anunciado algún proceso de redistribución de tierras o algún plan de reformas, teniendo en cuenta el programa de gobierno que caracteriza a Lugo, de índole progresista?

 

FF: el Estado paraguayo hasta el momento no ha implementado políticas reales de distribución de tierras ni investigado de manera seria, transparente e imparcial aquellos casos donde existen indicios de obtención de tierras y riquezas por medios ilícitos. A finales de 2007 reunidos en Ginebra, Suiza; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas examinó la situación de la pobreza en Paraguay y señaló, con preocupación, entre otras cosas, la lentitud en la realización de la reforma agraria, la expansión del cultivo de la soja que ha traído aparejado el uso indiscriminado de agro-tóxicos con gran riesgo para la salud, los numerosos casos de desalojo forzoso del cual han sido víctimas familias campesinas e indígenas y el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en sus operativos.

 

Hasta este momento, tanto en el proceso del régimen militar último, como en la transición democrática nuestro Estado no ha dado respuestas integrales a esta problemática, y considero que en mucho debido a no haber partido de una visión de paraguayas y paraguayos titulares de derechos humanos, ni aún apuntado a procesos de construcción de ciudadanía. Tradicionalmente, han primado una perspectiva tanto prebendaria y clientelista en cuanto a distribución de los recursos, como una visión economicista que ha superpuesto indicadores y políticas económicas por sobre nuestra gente.

 

- Mencionaron al principio que una de las señales que ha dado Lugo es la de garantizar el servicio de salud para toda la población. ¿Desde qué diagnóstico parte esta gestión y cuál es el análisis de su organización, teniendo en cuenta que se trata de uno de los rechos fundamentales que es violado en casi todo el continente a los sectores excluidos?

 

JT: El sistema sanitario paraguayo se constituye en una macroestructura burocrática y excluyente que impone condiciones de acceso a los sistemas de salud sólo posibles de satisfacer por los grupos sociales más privilegiados en lo social, lo laboral y lo económico, consolidando y profundizando la inequidad.

 

A modo de ejemplos, podemos decir que el 40% de la población paraguaya no accede nunca a los servicios de salud y que el 78% no cuenta con seguro médico. Los programas de salud pública deben basarse necesariamente en los derechos humanos si quieren tener éxito y principalmente enfocarse en grupos vulnerables como el constituido por las mujeres, niñez y adolescencia, adultos mayores, indígenas y personas viviendo con VIH/sida.

 

- ¿Cómo evalúan que se encuentra la situación de la educación de los sectores populares?

 

FF:  El 21% de la población paraguaya es analfabeta funcional. El 60% de los analfabetos (principalmente campesinos y personas indígenas) tiene al guaraní como lengua materna, lo que implica una verdadera discriminación lingüística.

 

La educación en Paraguay se caracteriza por poseer un presupuesto insuficiente, infraestructura escolar en pésimo estado, falta de materiales educativos, docentes en precarias condiciones laborales, la no gratuidad – en la práctica – de la educación básica, la baja calidad de la enseñanza y un contexto socioeconómico que profundiza aún más las desigualdades a la hora del acceso a la educación. Sólo en el año 2005, alrededor de 230.000 niños, niñas y adolescentes abandonaron el sistema educativo, principalmente por problemas económicos.

 

Asimismo, de vuelta debiéramos aquí recordar que nuestro Estado posee una estructura mezquina en cuanto a su construcción organizacional, por cuanto aún es tarea pendiente la descentralización, tal cual lo establece nuestra Constitución Nacional de 1992. 

 

- ¿Cómo ven el funcionamiento de la Justicia y hacia dónde le aconsejaron al presidente Lugo que se debe dirigir, si es que lo han hecho?

 

FF: El acceso a los sistemas de justicia es un tema pendiente aún. Desde la misma formación de nuestros agentes de justicia hasta la conformación de los altos tribunales Paraguay  sufren problemas graves como consecuencia del agotamiento de un esquema de Estado ineficiente y prebendario.

 

La instalación de la exclusión de amplios sectores de nuestra sociedad en la cuestión económica, cultural y política implica directamente una exclusión en los sistemas de justicia del país.

 

Si bien desde la caída el último régimen militar, se han logrado avances importantes en cuanto a la construcción de sistemas normativos, de garantías constitucionales y de expansión de los servicios del sistema jurídico a toda la república, aún no se ha dado respuesta a la alta demanda social.

 

Debiéramos apuntar, como venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo en Amnistía Internacional a construir un sistema judicial que supere este esquema agotado, a plantear un consenso social que al igual que en las políticas económicas de estado, privilegie al ciudadano y la ciudadana paraguayos desde una perspectiva de DDHH.

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20 de agosto de 2017 | 18:00
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