Carola Concaro

"Pasó otro año de desgobierno de la seguridad en el país"

Miembro del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, Ilsed.

Por Gabriel Conte para MDZ on line

Hay gente para la cual el tema de la inseguridad es un drama, un susto, una angustia, un tema del que hablar, una preocupación, una pesadilla. Hay funcionarios que quieren hacer creer que se trata tan sólo de una cuestión de sensaciones. También, están aquellos que creen que la seguridad lo es todo, más allá de aquella frase de Tango Feroz: “…Conozco una lista interminable de cosas que son más importantes que la seguridad.…”.

Pero también están aquellas para las cuales el asunto es un tema de estudio: sobre un diagnóstico de lo que pasa, bajo lineamientos que son conceptuales, se atreven a programar respuestas, salidas, soluciones.

Entre estos últimos –que no son muchos- se inscribe Carola Concaro, quien trabaja desde el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed) e Inecip, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, pero que además se anota entre las fundadoras de la Red Argentina para el Desarme (RAD) y Clave, la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada.

Una de los principales aportes que ha formulado está relacionado con el impacto que tiene la proliferación de armas de fuego y balas en la sociedad.

Analizamos el año que pasó en materia de seguridad con ella.

Hay balas por todos lados y la gente cree que el problema está exclusivamente en los delincuentes que las usan, pero a diario muere gente a manos de vecinos o parientes que no se dedican, digámoslo así, “profesionalmente”, al delito. ¿Se ha medido el impacto que tienen las balas pérdidas en la argentina?

- Lamentablemente no existe medición sistemática ni sistematizada del problema del impacto de balas perdidas en la Argentina. El problema se incrementa para las fiestas por alguna tradición que aun se mantiene de festejar el año nuevo tirando tiros al aire. Ello ha provocado que los hospitales más afectados contabilicen los casos porque las heridas por arma de fuego son una de las lesiones por causas externas que más costo insume en la atención hospitalaria, pero ello no se traduce a una política de salud pública por el momento.

¿Y a qué le adjudica la persistencia en el país de problemas de esta índole?

- El problema de las balas perdidas no deja de ser un problema relacionado a los varios procesos de privatización de la seguridad pública a los que se asiste hace años, procesos de justicia por mano propia o adquisición para la provisión particular de la seguridad individual o colectiva referente a algún grupo que se autodenomina “en riesgo”. La adquisición de armas de fuego por la sociedad  sobrevive aún  a la  instalación del debate instalado acerca del desarme civil en la sociedad y muchas balas perdidas provienen de situaciones que, siendo absolutamente innecesarias, se generan al tener un arma de fuego cargada y lista para tirar al “otro”, posible agresor en situación “sospechosa”.

¿Cómo ha avanzado el control de armas en el país en los últimos años?

- El control de armas en el país ha avanzado de manera muy positiva en los últimos años. A partir de la implementación del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en Argentina, el RENAR –organismo encargado de registrar, fiscalizar y controlar toda actividad vinculada con armas de fuego, pólvoras, explosivos y a sus usuarios y autoridad de aplicación del Plan de Desarme- ha sabido tomar nota del problema de la proliferación de armas de fuego en la sociedad y ha actuado en consecuencia. Por un lado, promoviendo la reducción de circulante en manos de la sociedad civil a partir del Plan, además, debatiendo y profundizando la implementación de la legislación vigente a partir de la puesta en vigencia de nueva normativa de mayor restrictividad en la regulación de las actividades e, incluso, de la revisión de la Ley Nacional de Armas y Explosivos para su modificación, legislación que se viene repensando hace tiempo por legisladores expertos y  especialistas de la sociedad civil y que ha producido un interesante debate en torno a su actualización, lamentablemente inconclusa aún.

Un viejo reclamo es la regularización del Registro de Armas, el Renar, con una larga historia negra…

- El Renar también se ha preocupado por revertir su situación presupuestaria –carece de presupuesto propio y ello es un verdadero obstáculo para cumplir algunos aspectos de la misión del organismo-, se trabajo en optimizar la descentralización de la agencia, se puso especial atención en hacer de las destrucciones de armas excedentes o armas entregadas un trabajo serio y constante  y, por último y, el detalle en rangos generales, se trabaja, en cogestión con la UFI Renar, en la formación de operadores judiciales –especialmente fiscales y jueces- de las fuerzas de seguridad y de los mismos profesionales del Renar en todo lo relativo a la persecución del delito relacionado con el uso ilegal de armas de fuego desde su ámbito de competencia: se ha promovido la firma de convenios varios para la implementación de la Ley 25983, de Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados para promover la adhesión de los gobiernos provinciales y respectivos poderes judiciales, para sistematizar e informatizar los registros y acelerar el decomiso y destrucción de las armas en condiciones. Este último aspecto es un nudo neurálgico de acción y abre la puerta a un futuro desafío imposible de no incluir en la agenda política de cualquier gestión de gobierno.

¿Hacia dónde debe continuar el trabajo desde el Estado?

- En línea con lo anterior, el trabajo del Estado debe continuar en la línea tomada profundizándose la dirección actual y, lo que es más importante, marcando una línea de continuidad que complete los vacíos aun pendientes.

¿Por ejemplo?

- Es imprescindible pensar el presupuesto propio para el Renar, es indiscutible que parte de la seguridad de los argentinos recae en el control del circulante de armas de fuego para prevenir accidentes innecesarios; es imprescindible encarar una ofensiva agresiva para la persecución del mercado ilegal que permita una amplia participación de todos los actores involucrados, con un aparato de control externo  que garantice la transparencia  de las acciones, una amplia participación de la sociedad civil especializada que garantice el debate y el aporte técnico complementario y es imprescindible, por último, restringir al máximo control posible toda función de registro y fiscalización de modo de optimizar la calidad de las función del organismo, favorecer la integración de nuevos profesionales –por ejemplo profesionales de la salud, habiendo sido éste, incluso,  un aspecto abordado por el Renar y ello para facilitar el mecanismo de admisión de los exámenes psicológicos de un modo adecuado a las necesidades que dicha admisión implica, frente a lo delicado de la autorización que se está dando de alta. La integración de nuevos profesionales conformando áreas de trabajo diseñadas en función de una determinada misión,  son herramientas indispensables para el diseño de política pública. Pensar la política desde la perspectiva de su “hechura” y las dimensiones que ello convoca, vuelve necesario pensar también en las herramientas necesarias para ello. La incorporación de áreas preparadas para, por ejemplo, el trabajo en gestión de la información, de promoción de la investigación formal, técnica, de mercado y de percepción social de la problemática del uso civil de armas de fuego, áreas de control externo y monitoreo de la implementación de programas, son áreas que, estratégicamente hablando, abren puertas para la toma de decisiones oportunas y la posible evaluación y monitoreo de la política pública, fases que permite timonear en la tormenta la dirección de vientos adversos.

En ese marco señalado por usted, entonces, ¿cuál es el rol de las organizaciones como la que integra?

- El rol de las organizaciones especializadas siempre es de integrar la perspectiva de la sociedad civil a la política pública. Hay varios ángulos desde donde hacerlo. Puntualmente, nosotros trabajamos fuertemente en la consolidación y fortalecimiento del Estado de Derecho en el país y en América Latina a partir de distintos campos específicos de acción. En relación con el desarme, procuramos trabajar fuertemente asesorando al Estado, promoviendo el debate en la comunidad y construyendo  pensamiento crítico para la transformación de la realidad política y social.

Si tuviera que hacer un balance en materia de seguridad, ¿cual sería?

- El 2009 concluyó con otro año más de desgobierno en materia de seguridad. Lamentablemente este no es un problema exclusivo de Argentina sino que es un problema históricamente común y un actual desafío pendiente en Latinoamérica también. La oportunidad de la sintonía política de signo progresista de varios de los dirigentes latinoamericanos actuales hace pensar que podría ser una gran oportunidad para tomar el tema seguridad desde un abordaje diferente al tradicional, cooptado por la derecha, las fuerzas armadas o las estructuras militarizadas insertas en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, ello no pareciera estar tan claro y cuesta ver con claridad la dirección política en materia de seguridad. Ello demuestra que, las más de las veces y salvo contadas excepciones, el gobierno político de la seguridad resulta ser una declaración de principios que vuelve las gestiones efímeras y accidentales en la historia de la seguridad pública democrática.

- ¿Cómo está el país en relación al resto?

En el marco general de situación, Argentina, como varios países de Latinoamérica, ha sabido dar lugar a diferentes estrategias de reducción del delito, distintas a la tradicional conjuración y persecución. Se han sumado varias experiencias en materia de prevención social del delito –con apoyo de diferentes agencias del gobierno nacional y con asesoría de instituciones especializadas- garantizando  una  efectividad tal que deberían ser experiencias pasibles de federalizar para posibilitar el trabajar en una escala que permita marcar la diferencia; del mismo modo, la agenda de desarme ha sumado una alternativa nueva en materia de prevención general como política de reducción de daños, demostrando ser un esquema de trabajo exitoso para la participación de la sociedad civil con expresión a nivel nacional, provincial y municipal.  Por supuesto, no hay política de seguridad que se nutra de estrategias individuales, por más acertadas que sean. Por el contrario, trabajar con estrategias aisladas no hace más que poner en riesgo alternativas acertadas de trabajo y quebrar la confianza de la gente.

Pero, ¿existe esa estrategia de conjunto que supere a las pequeñas anécdotas exitosas que se diluyen en el tiempo?

- Falta una estrategia clara de abordaje de muchos de los núcleos duros de la gestión de los problemas de seguridad: una verdadera reforma policial que deje de lado las modernizaciones interrumpidas o satelitales e incluya una verdadera democratización de las fuerzas de seguridad nacionales, una verdadera refundación del alcance y dirección de la política criminal como disciplina para el abordaje de políticas públicas de gestión de la conflictividad; una puesta al día de las agencias de investigación criminal como herramienta verdaderamente pública de control y persecución eficaz del delito organizado –esto a contrapunto de la privatización de los varios servicios de inteligencia enquistados en las fuerzas policiales o en algunas de las agencias civiles del Estado-; como así también, la consolidación y profesionalización de cuadros civiles de gobierno de la seguridad  que permita la despolicialización de la gestión de la calle, romper con el gerenciamiento de los negocios y la legitimación de la autoridad policial como única autoridad. No son desafíos que pueda abarcar una sola gestión de gobierno, son desafíos que amerita subsumir las gestiones a una decisión de la escala de la política de Estado.

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