Roberto Burad

"La droga está inserta en los tres poderes del Estado"

Juez Federal de Mendoza

Roberto Burad es, además de uno de los jueces federales en materia penal más experimentados que tiene la provincia, un tipo práctico, que caracteriza sus actuaciones por apelar al sentido común y a la lógica. En esta entrevista, su visión sobre los alcances del fallo de la Corte Suprema de Justicia referido a la despenalización de la tenencia de estupefacientes para el consumo personal.

"Creo que en este tema, el fallo de la Corte abre un debate en tres dimensiones, y cada uno debe ser analizado", sostiene.

- ¿Cuál sería la primera?

- Es una dimensión sociológica, donde se verifica si el hecho juzgado es también, además de su singularidad, un fenómeno social que nos abarca a todos. Esto suscita una pregunta: ¿Estamos entrando en la sociedad de la droga? Cuando nos hacemos esta pregunta, como ciudadanos advertimos que este fenómeno tiene múltiples causales y múltiples respuestas, todavía no ensambladas entre sí.

- ¿Por ejemplo?

- Desde el punto de vista médico, se está priorizando la salud de un paciente al cual los jueces llaman presuntamente delincuente. Desde un punto de vista educacional, el tratamiento del tema drogas se utiliza para generar valores y apuntar a una vida más ordenada. Desde un punto de vista psicológico o psiquiátrico, puede verse al adicto como una simbiosis de placer y el dolor. Y también, desde un punto de vista donde juega el Estado, allí surge una nueva pregunta, y es si existe una verdadera decisión política de enfrentar el problema de la droga tanto a partir de los adictos como de los traficantes. En estas respuestas múltiples todos podemos opinar.

- ¿Y existe voluntad política?

- No existe la voluntad política. Y llegué a esa conclusión luego de mensurar lo que ha hecho la Sedronar (Secretaría de programación para la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico), y es muy poco, y queda en manifiesto que no hay una política estatal. Está claro que estamos ingresando en la sociedad de la droga, donde no se reconocen clases sociales. Porque la droga está inserta en todas las clases sociales y en los tres poderes del Estado.

- ¿Cuál es la segunda dimensión?

- La otra dimensión es la jurídica. Aquí es válido saber qué dice la ley frente a estos casos concretos. En primer lugar observamos el artículo 14 -segunda parte- de la Ley 23.737, que sanciona con una pena leve a los tenedores de estupefacientes ("la pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal"). En segundo término, conjugamos esta norma con el artículo 19 de la Constitución Nacional, que nos dice que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan la moral ni el orden público ni perjudiquen a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados y sólo reservadas a Dios.

- Eso hace que el fallo de la Corte sea comprensible...

- El fallo está conjugado con esta garantía constitucional. La intimidad disfruta de raigambre constitucional expresa. Además de eso, tenemos que tener en cuenta los tratados internacionales de Derechos Humanos que preservan y priorizan el derecho a la privacidad e impiden toda injerencia estatal arbitraria. Basado en eso, es inconstitucional el artículo 14 de la Ley de Estupefacientes en ese caso concreto, pero -aun así- el fallo no deroga la norma.

- Pero se convierte en jurisprudencia para que el resto de los jueces actúe en consecuencia.

- Es que siendo un fallo de la Corte, esa situación, que ha sido analizada con votos muy profundos, da pautas jurídicas a todos los jueces inferiores en casos similares. Como dijo Carmen Argibay, debe verse en cada caso concreto. Igual, sigue subsistiendo el criterio de cada juez federal de nuestro país. No creo en una descongestión en los juzgados. Las causas se deben iniciar igual y analizar cada caso en particular, y analizar qué es privacidad... ¿Llevarlo en el bolsillo, llevarlo a la plaza, llevarlo a la escuela? "Escasa cantidad" es un término ambiguo, porque depende de la persona. En nuestro tribunal aplicamos la teoría de la insignificancia: hay casos en que las cantidades de droga no agravia el bien jurídico tutelado, que es la salud. Una persona que tiene un gramo de algún estupefaciente no necesita llegar a juicio.

- ¿No sería conveniente, entonces, modificar la ley?

- Exactamente. Esto genera un abanico de posibilidades que debe ser tratado en el Congreso. Si se modificara la Ley de Estupefacientes teniendo en cuenta las pautas jurídicas que ha dado la Corte, esto sería general para todos los casos. No creo que sea algo tan fácil, porque el fallo no ha dicho nada nuevo al respecto, sino que ha reafirmado el principio constitucional. En todo caso, como decía Marco Denevi en "Rosaura a la diez", "Aquí comienza, querida tía, lo que te quería contar". Porque este es un problema muy grave desde la dimensión sociológica, y no tanto desde la jurídica.

- Pero es un debate necesario.

- Claro. Si esto ingresa al Congreso, se abre una nueva dimensión, la tercera, que tiene que ver con la justicia, y no tanto con lo jurídico. La pregunta que corresponde en este caso es: ¿Es justo o no penalizar al consumidor de estupefacientes? En ese interrogante se van a abrir diferentes teorías y se apelará al derecho comparado, y tal vez nos ilumine a todos para darnos cuenta de que la droga está tan inserta en nuestra sociedad, que llegó a un punto donde el consumidor también se convierte en vendedor. Eso implica que quienes tienen sobres con cocaína o porros, pueden ser tan consumidores como vendedores pequeños.

- Ahí se complica más diferenciar.

- Estamos con una espadita pequeña luchando contra un monstruo que pisa fuerte. Hay que apuntar a dos polos: al consumidor por un lado, y al traficante por el otro. Los votos de la Corte son un mensaje hacia el Ejecutivo. Que prevengan y cuiden a quienes consumen en un ámbito privado y que reprima al narcotraficante. También, desde lo social, se puede tomar el fallo como un "podés repetir esto cuantas veces quieras, porque tus actos no son judicializables", y eso es peligroso.

- ¿Y quién se preocupa por adicto?

- El Poder Judicial no ha hecho mucho por aquel sujeto adicto que necesita de la droga. Porque al quedar liberado de la imputación, la vinculación de la persona con la droga continúa, y ya no hay ningún tipo de control del Estado. Esa responsabilidad del Poder Judicial, de imponer tratamientos de desintoxicación y curativa, se pierde. De todos modos, el Estado nunca respondió con los equipos médicos que se necesitaban.
Opiniones (1)
15 de diciembre de 2017 | 09:33
2
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15 de diciembre de 2017 | 09:33
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  1. POR SU COMENTARIO LES DIGO A TODOS,TODOS LOS VICIOS SON MALOS,Y QUIEN HABLA DEL ALCOHOL,TABACO,JUEGOS DE AZHAR,SEXO,ECT,CADA COSA DE ESTA EN EXCESO PERJUDICAN A TERCEROS Y QUIEN DA UNA RESPUESTA O ATACA COMO0 ATACAN A LOS PIBES ENFERMOS POR LA DROGA,ME PARECE QUE AQUI LE DEJO UNA INQUIETUD,
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