Ernesto Espeche

"Se requieren políticas urgentes de viviendas sociales"

Candidato a senador por el Polo Solidario Humanista.

Los candidatos responden al cuestionario planteado por MDZ.

En esta oportunidad, quien responde es el comunicador Ernesto Espeche, titular de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo, quien aspira a una banca de senador provincial por el Primer Distrito representando al Polo Solidario Humanista.

En la provincia deserta de la escuela secundaria cerca del 20 por ciento de sus
alumnos ¿Cómo cree que hay que retenerlos y/o estimularlos? ¿Qué proyecto de ley tiene?

  
- En principio, me parece un gran avance  lo establecido en la ley nacional de educación que terminó con la vigencia de  la ley federal de educación. El nuevo marco entiende, entre otras cosas, a la educación media como obligatoria y prevé, desde la ley de financiamiento educativo, para el año próximo un presupuesto para educación que será del 6 por ciento del presupuesto nacional. Para disminuir la deserción necesitamos, además de fortalecer el presupuesto como se viene haciendo a nivel nacional, políticas activas que terminen con el trabajo infantil, fortaleciendo la inclusión social de los sectores postergados y de este modo evitar que los chicos tengan que, anticipadamente, salir a buscar trabajo.

La deserción escolar en Mendoza está causada por cuestiones vinculadas al empleo de los padres, al trabajo de quienes deberían estudiar, a factores culturales que le quitan interés al hecho de estudiar, por falta de transporte y de recursos para vestir a los niños. ¿Cómo conseguimos escolaridad 100 por ciento? ¿Qué haría desde la Legislatura para ello?

- Está ligado a lo anterior. En este caso lo que hay que cuidar y asegurar son las condiciones dignas de vida de todas las familias mendocinas. Estamos hablando de conservar empleos (lo cual es muy difícil en el contexto de crisis que se vive, pero que en línea general se viene logrando), equilibrar los salarios, etc. Pero creemos que en esto hay dos ejes fundamentales: el primero es insistir en la necesidad de que exista la asignación universal por hijo o hija como fuente de ingreso igualitario y UNIVERSAL que permita e incentive a las familias a mantener a los chicos en el sistema educativo. El otro eje, tiene que ver con recuperar la certidumbre que fue parte esencial de nuestra historia: la educación es el principal motor de la movilidad social ascendente. Aquí el Estado tiene un rol indelegable.

Todavía se procesan  los  residuos sólidos urbanos a través del enterramiento en descampados periféricos, pero cercanos a la ciudad. ¿Cómo cree que debe programarse el tratamiento de residuos en Mendoza? 

- Debemos atenernos a los protocolos ambientales promovidos internacionalmente desde las organizaciones dedicadas a tal fin. El no seguimiento de estas pautas tiene consecuencias gravísimas para la sanidad de la sociedad. En ese sentido proponemos promover la creación de cooperativas de tratamiento y reciclado de los residuos, lo cual a la vez generará empleo.

 Los municipios del Gran Mendoza poseen normativas diferentes y hasta contrapuestas en materia de transporte, ambiente y comercio. Lo mismo ocurre en las diversas regiones de la provincia ¿De qué manera su trabajo lograría revertir esta situación y permitir un abordaje armonioso de la problemática que tienen en común? ¿Qué proyectos de ley elaboró o tiene pensado al respecto?

-Efectivamente creemos que no pueden existir normativas para que los límites  departamentales no modifiquen las pautas de un ordenamiento común. No es serio que se establezcan pautas diferenciadas. En este sentido es el Estado provincial el que debe contemplar legislaciones generales y que los municipios sean quienes gestionan con esas líneas comunes. Además, por ejemplo el transporte es un servicio público, y así debe tratarse. Esto implica que no debe ser la rentabilidad empresaria privada la que fije la calidad del servicio y las necesidades es de traslado de la sociedad. En los últimos años, también hemos visto cómo nuestra ciudad se ha visto desbordada por el tránsito. Esto también debe atenderse teniendo en cuenta a los particulares y dando prioridad al transporte colectivo.

Un grave problema que deja muertes y  lesionados en la provincia es la ausencia de un protocolo de abordaje del aborto terapéutico en los hospitales públicos. ¿Cómo debe actuar el estado frente a este tipo de casos?

- Es fundamental llevar adelante una seria discusión que termine con el negocio de los abortos clandestinos y las muertes que ocasiona. Para ello proponemos despenalizar el aborto e incluirlo en el protocolo de la salud pública. Esto debe acompañarse de una política agresiva en materia de planificación familiar.

Mendoza no tiene una política a favor ni en contra de la minería. ¿Hacia dónde debe apuntar la política pública en este sentido? En el marco legal vigente, ante casos de abusos y violaciones, directamente no debiera discutirse la pertinencia de realizar una intervención de aborto. En estos casos debe atenderse a la víctima del abuso sin exponerla a discusiones sin sentido. En materia de políticas públicas las particulares creencias religiosas no deben intervenir.

¿Mendoza debe apuntar hacia  una mayor  infraestructura estatal de Salud o hacia una cobertura más amplia y con prestadores no sólo estatales? 

- Hay que sostener y profundizar las políticas de salud públicas, ampliando la cantidad de establecimientos barriales o zonales que garanticen la atención primaria de la salud, y a la vez que éstos mismos centros puedan ir complejizando sus prestaciones. Al igual que en la educación, creemos que la salud pública sigue siendo la única garantía de trascender las reglas del mercado y debe, una vez más, garantizarse desde el propio Estado. Es indiscutible que, más allá de que se tenga una obra social o una prepaga,  ante una emergencia con un niño o niña la primera decisión es asistir al hospital Humberto Notti porque es el mejor centro para la atención pediátrica, el resto de las especialidades deben potenciarse en beneficio en beneficio de las grandes mayorías. En otras palabras, apuntamos  a la universalización de la atención sanitaria de todos los mendocinos. Solo hace falta decisión política para incrementar el presupuesto considerablemente en esta área y reforzarla.

¿Deben seguir siendo gestionadas a nivel privado las empresas de servicios de luz, agua, gas, etc.? ¿O hay que estatizarlas?

- Como mencionamos anteriormente los servicios públicos no pueden depender del humor
económico de empresas privadas. La rentabilidad no debe ser el parámetro principal para decidir en qué zonas llega o no y de qué manera algo tan básico como el agua potable, y los demás servicios que definen la calidad de vida de los mendocinos. Estos servicio, por lo tanto, deben volver a la esfera pública y ser gestionado desde el Estado, con participación de usuarios y trabajadores. El concepto que proponemos para los servicios públicos es el de empresa pública, no simplemente estatal.

¿Funcionan correctamente los entes reguladores de los servicios públicos? ¿Qué cambios haría?

- En los años de existencia de las privatizadas, se ha visto largamente que los entes reguladores no han garantizado los intereses de toda la sociedad. No creemos que haya que reformarlos, sino apelar a políticas de Estado que vayan en el sentido anteriormente expuesto.

¿El Estado debe seguir subsidiando las actividades agrícolas? ¿A cuáles y por qué? 

- Definitivamente, el Estado debe seguir manteniendo políticas activas de impulso a la producción agrícola. En este sentido, creemos que el principal actor de esta área de la economía (provincial y nacional) son los pequeños y medianos productores, con una férrea articulación con el sector de la agricultura familiar. Deben terminarse los beneficios extraordinarios que reciben un puñado de grandes productores cuya actividad no repercute en más trabajo y consumo interno. Vale como ejemplo de lo que hay que hacer el reciente acuerdo vitivinícola que activó el gobierno nacional.

¿El gobierno debe seguirse manejando por intermedio de leyes de emergencia? 

-Las políticas de emergencia deben entenderse como mecanismos excepcionales. Para evitar coyunturas de riesgo es recomendable promover políticas estratégicas para el mediano y largo plazo.

Para controlar la actividad pública, ¿son suficientes y eficientes los organismos de control que posee la provincia?

-Proponemos en este sentido la creación de mecanismos que tienen que ver con el presupuesto participativo, referéndums y consultas populares. La participación ciudadana es la que debe garantizar el control y seguimiento de las políticas públicas. La revocatoria de mandatos es otro instrumento que profundizará la democracia.

¿Qué tipo de obra pública provincial privilegiaría: caminos, generación de energía, escuelas, hospitales? Elija una, explique por qué y cuál cree que debe ser el porcentaje del presupuesto que debe destinarse a ello.

- Se requieren políticas urgentes de viviendas sociales, de asistencia habitacional para todos los sectores. En los próximos 5 años debería dedicarse una importante masa de los recursos de los mendocinos a reducir el déficit de vivienda. También centros de atención de la salud barriales y zonales bien dotados y escuelas que atiendas a las necesidades geográficas y de desarrollo regionales.

¿Reasignaría el presupuesto provincial de una manera diferente a la actual? ¿Cómo? ¿Qué áreas privilegiaría?

- Por supuesto que no estamos de acuerdo con la distribución presupuestaria. Remitiéndonos a las respuestas anteriores, no se puede concebir como serio el hecho de que hospitales como el Notti sufran necesidades de infraestructura, de ordenanza, de profesionales, etc., así como no puede seguir sucediendo que chicos de zonas rurales deban andar kilómetros (muchas veces a pie) para asistir a escuelas que además no están dotadas de condiciones mínimas de calefacción, educadores, material didáctico, etc. Proponemos más presupuesto para salud, educación, obra pública y, de acuerdo a lo anterior, más y mejor distribución del empleo en el sector público y mejor remunerado.

 ¿Cuál debe ser la política con respecto al empleo público? 

En primer lugar hay que prestigiarlo. Capacitar y reordenar a los empleados públicos es una necesidad urgente. Esto es indispensable si, como dijimos, creemos en un Estado fuerte y garante del bienestar común.

El gobierno impulsa una serie de reformas a la Constitución de la provincia. ¿Usted cree que es necesario reformarla? ¿En qué aspectos? ¿Hace falta una reforma integral? ¿No cree que antes se deba cambiar lo establecido por el artículo 221?

Creemos que hay que hacer una reforma integra de la Constitución y no limitar, como se pretende, la discusión a uno o dos artículos. Una convención constituyente debe tener la autonomía suficiente para abordar integralmente los contenidos de una Carta Magna. Creemos que con una reforma integral deben generarse los espacios para tener una verdadera democracia participativa, un ordenamiento del territorio que permita a los ciudadanos tener más relación (y por lo tanto control) de sus gobernantes. No creemos que la solución sea limitar la cantidad de veces que se puede ser reelecto sino que debe existir la revocatoria de mandato, por  ejemplo.

Seguridad/Inseguridad… ¿Qué leyes cambiaría?

Hasta el momento todas la reformas en materia de seguridad pública han tenido que ver con lo represivo y la criminalización de sectores postergados. Han demostrado su fracaso absoluto. Es por esto que invitamos a las autoridades y a la población en general a atender lo que abogados y penalistas de nuestra provincia, como Lavado, Salinas, Escayola, Guevara, Zaffaroni, y muchos otros, vienen planteando sobre el tema hace años ya. Garantismo es lo contrario a impunidad. 

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