Enrique Maclean Soruco

"Bolivia reconoce a la justicia comunitaria"

Jurista boliviano. Miembro del Centro de Justicia y Participación.

Acaba de ponerse en marcha el mecanismo de aplicación de la nueva Constitución de Bolivia. Es novedosa en numerosos aspectos. El proceso de construcción de la Carta Magna fue intenso y con la participación de representantes de cada uno de los sectores de la sociedad boliviana.

Una de las instituciones de la sociedad civil que más activamente participó de aquel proceso fue el Centro de Justicia y Participación, el CEJIP. Con sede en La Paz, extendió su labor hacia Sucre, la ciudad que fue sede de la tarea constituyente.

La nueva "ley de leyes" incorpora conceptos provenientes de las ancestrales experiencias de los pueblos originarios. Tal vez esto sea, en materia de Justicia, el mayor desafío y, a la vez, la mayor duda de parte de quienes no vivimos en ese contexto.

Por eso hablamos con un experto: Enrique MacLean Soruco. Se trata de un joven jurista que integra el CEJIP. Aquí su análisis preciso:

¿En qué cambia la nueva Constitución boliviana el acceso a la justicia por parte de la población?

-Desde un punto de vista meramente orgánico el reconocimiento de la justicia comunitaria originaria campesina como un brazo legítimo y paralelo de la administración de justicia, es un mecanismo de presencia de los servicios judiciales en áreas rurales. Sin embargo, la cantidad y distribución territorial de los órganos de administración de justicia (tanto ordinaria como comunitaria) no están regulados constitucionalmente, por tanto el acceso a la justicia dependerá mucho de lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial y de Deslinde Jurisdiccional todavía pendiente de aprobación. El tema de acceso a la justicia, si se lo entiende no solamente en función a la cantidad y distribución territorial de tribunales, sino a la posibilidad real de la persona de pedir a un tercero imparcial la decisión sobre una controversia concreta, de forma transparente y oportuna, sin importar su situación social o económica, es un tema que escapa lo normativo por tanto, un problema que está fuera del alcance de la Constitución.

¿Cree que se producirá un avance en la materia?

- Hablar de mi creencia personal sobre lo que sucederá en el futuro sería como hablar de una sensación térmica imprecisa. Si creo que las bases normativas están dadas para un cambio positivo y que depende mucho de un cambio de actitud política y gremial de los abogados jueces y litigantes para que el cambio se de. 

¿En qué sentido?

- Se pueden aprovechar muchas novedades de la Constitución aprobada para superar problemas pasados de la administración de justicia. Es alentador ver que la nueva Constitución permite la desconcentración de la justicia contencioso administrativa -litigación contra el Estado- , la institución de la oralidad como principio rector de la jurisdicción ordinaria, la legitimación de la autoridad judicial a través del voto informado, entre otras ventajas. Mi único temor es que persista la tendencia burocratizante y elitizante de la justicia como se la administró hasta ahora, con lo cual se podrían contaminar y distorsionar los importantes principios orientadores previstos en la NCPE. Otro posible obstáculo al avance en la modernización de la justicia es la conjunción de un ánimo de confrontación del gobierno con las autoridades judiciales -persecución a jueces que pronuncien fallos contrarios a los intereses del gobierno o desacato a sus resoluciones- combinada con un distanciamiento de la sociedad con el rol del juez. La imagen institucional del Poder Judicial está tan deteriorada que son casi inexistentes los grupos o asociaciones de personas capaces de generar un movimiento de defensa a su función y a la necesidad de su independencia. Todo el gremio de jueces debe hacer un intenso trabajo para aprovechar la nueva CPE y mostrar que el Poder Judicial puede proveer servicios creíbles, eficientes y oportunos a los sectores más necesitados de esta sociedad como forma de combatir las justificadas críticas que se hace a su desempeño actual.

¿Queda instituida la justicia comunitaria?

- Más que instituida, yo diría que queda reconocida normativamente con mayor importancia que la regulación legal previa -el procedimiento penal actual reconoce la justicia comunitaria como una salida alternativa al juicio, dentro del marco de la Constitución, pero nunca se establecieron criterios suficientes de deslinde de una jurisdicción con la otra-. El abandono del Poder Judicial en áreas rurales ha generado una necesidad de crear instancias de resolución de conflictos basadas en las costumbres culturales de los campesinos del país. El abandono no solamente es estatal, sino también mediático porque no es raro ver en la prensa analogías sensacionalistas entre los linchamientos urbanos y la justicia comunitaria, que tiende a ser mediadora, resarcitoria y excepcionalmente punitiva.

¿Podría explicar antecedentes y en qué consiste?

- En áreas rurales existen diversos mecanismos de solución de conflictos sin intervención de autoridades judiciales. Muchos de estos mecanismos tienen origen en las costumbres sociales y religiosas del grupo social que instituye el mecanismos de justicia comunitaria. En área rural la conflictividad por lo general se presenta en temas de tierras, tenencia de animales, deudas y conflictos de relacionamiento. En el área andina, por ejemplo, conozco de sistemas de justicia comunitaria que, en poblaciones chicas, operan convocando a toda la comunidad a crear un gran tribunal comunitario, presidido por un líder (mallku) para decidir sobre límites de parcelas, sanciones a personas que perturben la paz y la armonía, y formas de resarcimiento de daños previos causados. Este sin embargo es un ejemplo aislado de muchas otras formas de justicia comunitaria de mediación y resarcimiento que deberían explorarse con más seriedad ahora que existe regulación constitucional formal para la aplicabilidad obligatoria de los fallos de tribunales comunitarios. De cualquier manera, creo que es sumamente irresponsable confundir la justicia comunitaria como fenómeno social-rural con los linchamientos de crónica roja.

¿No considera que muchos de los cambios en lugar de representar un progreso son un retroceso al pasado?

- Personalmente creo que los retrocesos se deben medir más en función de resultados que de cronología. Si en el pasado se han dado experiencias que dieron resultados positivos, debería considerarse un retroceso la indiferencia a dichas experiencias. También considero un retroceso la instalación de discursos dirigidos notoriamente a provocar miedo e inseguridad, en vez de permitir un debate abierto e incluyente sobre los temas que generan preocupación (entre ellos la justicia comunitaria). La administración de justicia boliviana se ha quedado estancada en cuanto a las necesidades de la sociedad. La Nueva Constitución, aplicada con creatividad y en un espíritu de generar mejores servicios judiciales puede ser una oportunidad para avanzar en la modernización y legitimación de la justicia ante los ciudadanos que ahora la toman como un órgano frívolo y distante de sus necesidades. Nuevamente, esto depende más de la idoneidad de quienes estarán llamados a aplicarla, más que de su texto. El retroceso si se dá, será siempre responsabilidad de las personas, no de las leyes.

¿No habrá una justicia digamos "occidental" para las grandes empresas y sectores más acomodados y una justicia diferencial para el resto?

- Las empresas y los sectores más acomodados de la sociedad no viven en una situación de privilegio  gracias a la división de dos jurisdicciones, una ordinaria u otra comunitaria, división que en la práctica ha existido y ha estado funcionando, aún a espaldas de la insuficiencia normativa. La situación de privilegio de los sectores favorecidos se potenció históricamente -junto a muchos otros factores- por la complicidad de la clase política, con el gremio de abogados y los administradores de justicia para convertir los procedimientos judiciales en tortuosos calvarios inaccesibles al ciudadano promedio. El calvario de la justicia fue administrado como una ruta interminable cuesta arriba cuyos peajes se almacenaban en los bolsillos de abogados y jueces, sin ofrecer un mínimo de igualidad de condiciones, calidad, credibilidad y eficiencia. No extraña entonces que, en este momento político, el Poder Judicial no tenga aliados en los grupos sociales para defenderse contra los ataques del Poder Ejecutivo. Sin duda, esta es una oportunidad para reformular las reglas de juego en la administración de justicia, e iniciar un proceso de redención para los gremios culpables del deterioro del sistema.

¿Cree que será aplicable en el mediano plazo la nueva Constitución?

- Creo que la preocupación esencial del oficialismo y la oposición es definir el esqueleto orgánico del Estado, como se distribuirán las nuevas cuotas de poder, cuanto espacio ocupará cada fuerza política, cuantos cargos podrán repartirse entre cuantas personas, etc. Esas son cuestiones meramente burocráticas y electoralistas sobre las cuales no amerita discutir si se aplicarán a corto, mediano o largo plazo.

La parte esencial de una Constitución no son las reglas de funcionamiento de los órganos del Estado. La parte esencial de toda Constitución es la realización de los derechos y necesidades de los seres humanos por ella amparados (aunque esta afirmación suene muy amplia, no existe otra forma de justificar una Constitución si no es precisamente el grupo de personas que la justifican: el pueblo) Estamos ante una situación de déficit en las filas del oficialismo en cuanto a capacidad de gestión y administración inteligente de los recursos del Estado para solucionar los problemas de la población. Tampoco existe una oposición orientadora, propositiva y constructiva. En base a la experiencia de estos tres años pasados -y de la conducta política precedente en Bolivia desde la fundación hasta hoy-, es muy posible que la Constitución se aplique en lo órganico en el corto y mediano plazo, pero el largo plazo llegue anticipadamente sin que la situación de la mayoría de los bolivianos haya mejorado su calidad de vida desde que se inició el llamado proceso de cambio -aunque el gobierno insista en crear bonos, rentas y otro tipo de limosnas pecuniarias para encubrir su fracaso de gestión-.

De cualquier forma, sería inconsecuente de mi parte asumir una posición únicamente crítica ahora que el proceso de transición se está iniciando. La aplicación de la nueva Constitución implica necesariamente replantear los objetivos, participar en espacios de discusión y  consenso de ideas, para crear soluciones desde la sociedad civil o desde el Estado. Lo anterior nos obliga a dialogar, a no olvidar el pasado, pero aprender a superarlo, y así construir un sistema de justicia renovado y con los dos pies plantados en la realidad de los más sufridos, con quienes el Estado Boliviano está en enorme deuda.

Opiniones (1)
18 de diciembre de 2017 | 02:30
2
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18 de diciembre de 2017 | 02:30
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  1. sería interesante una reforma similar en Argentina
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Leopardo al acecho
7 de Diciembre de 2017
Leopardo al acecho