AFJP: Una cuestión de "fondo"

AFJP: Una cuestión de fondo

Carta Abierta Mendoza se manifiesta, una vez más, ante una problemática de tan profunda significación social como es el destino de las jubilaciones de los argentinos.

El Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de traspaso de los fondos de las AFJP hacia el Estado, proyecto que cuenta con un alto consenso popular.  El Ejecutivo tomó esta decisión en el marco de la crisis económica global, luego de la mayor caída en la historia del sistema financiero internacional.  En este sistema invertían las AFJP y, después de quince años de desfinanciamiento, congelamiento y recorte de jubilaciones  -como resultante del paso del sistema de reparto a capitalización-, el Gobierno decidió tomar esta impostergable decisión.

La discusión en  torno a esta medida implica remitirse necesariamente a la concepción de un proyecto de país que trasciende la presente coyuntura, planteando un cambio estructural en la actual configuración del Estado.  Esta particular circunstancia parece explicar la virulencia de los ataques a dicha propuesta por parte de los sectores más reaccionarios del “establishment”.  Ellos están  articulados en el núcleo más duro de un segmento de la oposición y con la logística de una salvaje estrategia mediática tendiente a desviar el eje central de la discusión.

El cambio planteado tiende a recuperar los históricos conceptos de seguridad social que la sociedad argentina había internalizado, fundados en la solidaridad intergeneracional, y que fueran tergiversados por la lógica especulativa del mercado de capitales.

Por lo tanto es necesario manifestar abiertamente en qué sociedad queremos vivir, qué intereses se defienden en cada caso y, en consecuencia, qué rol le corresponde al Estado según la Constitución Argentina respecto de la previsión social.

Para ello es necesario revisar la historia de los últimos 15 años.

En los 90, durante el menemato, en el auge del neoliberalismo, se llevó a cabo la modificación del sistema previsional argentino, en el marco de la denominada “reforma del Estado”.  Éste quedó reducido al mínimo, quitándole sus posibilidades y su ingerencia, pero no su responsabilidad como garante del haber mínimo jubilatorio, pues la establece la Constitución Nacional.  Gran  parte de los fondos conformados por los aportes jubilatorios fueron transferidos al ámbito privado y la suerte de la tercera edad quedó librada al libre juego del mercado.         

La escalada del poder financiero a partir de 1976 y consolidada en los 90, fue abonando, a través de un conjunto de medidas combinadas mediante Leyes y/o Decretos del Ejecutivo, el modelo de Estado que implementó el cambio.  Éste fue apoyado por los medios que proclamaban y exaltaban las virtudes del individualismo y de la capitalización a través de las AFJP, desacreditando  el sistema solidario estatal de reparto.

Fuimos muchos los que denunciamos las consecuencias nefastas de este modelo, y luchamos contra su imposición.  Hoy la historia nos ha dado la razón, pues el Estado Nacional debió salir al rescate de aquellos que aportaron por años a las AFJP y no les alcanza para una jubilación mínima (subsidio al 77% de los jubilados de AFJP).  Además, debe tomar medidas urgentes para evitar mayores daños con la caída en picada del valor de los depósitos y, por ende, de las posibilidades jubilatorias de las mayorías. Esto no es otra cosa que cumplir con su rol constitucional e irrenunciable de garante de la previsión social.

La privatización compulsiva de las jubilaciones fue posible a partir de la implementación de una táctica publicitaria que incluyó medidas de facto tales como: 

  • Privación del derecho a elegir, mediante la afiliación compulsiva de los nuevos trabajadores (jóvenes); traspaso ilegítimo de los mayores, sin dar tiempo ni información suficiente para elegir,  y después de una seudo-consulta que no se respetó;
  • Adoctrinamiento de un ejército de jóvenes promotores que se introducían en todos los ámbitos de trabajo para vender jubilaciones (a cambio de una comisión, y en circunstancias en que no podían conseguir otro trabajo digno y estable);
  •  Campañas mediáticas pro-capitalización acerca de las supuestas ventajas del individualismo.  Los aportantes a las AFJP vivían en la ficción de ser accionistas (creyendo conseguir como inversionistas mayores montos para jubilarse, sin compartir su suerte con los demás);
  • Estrategias de venta que se articularon sobre el ocultamiento total o parcial de la información;
  • No manifestación de que el traspaso de aportes desde el Estado al ámbito privado significaba desfondar las arcas fiscales y desfinanciar a la ANSES.

Todo esto se combinó con otras medidas de despojo: la baja de aportes patronales y del trabajador; trabajo en negro (es decir sin aportes sociales), descuento del 13% a las jubilaciones, desocupación, aumento de la edad para jubilarse en los regímenes especiales, etc. Estas acciones impactaron negativamente sobre el sistema previsional, al mismo tiempo que profundizaban ,en la misma dirección, un modelo político-económico nefasto de saqueo y exclusión de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, sectores que inevitablemente pasaban a engrosar las abultadas arcas de la miseria.

Alcanza para graficar, con mencionar los aproximadamente doce mil (12.000) millones de dólares apropiados por las AFJP en concepto de comisiones -por cada 100 pesos dólares aportados, 35 eran retenidos en concepto de costos de administración.

Afirmamos que el Estado debe intervenir para satisfacer los derechos fundamentales de la ciudadanía establecidos en la Constitución.  El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su tratamiento y sanción busca cumplir tal finalidad, y se encuentra abierto a las sugerencias de reformas propuestas por los distintos legisladores de la oposición, en el pleno ejercicio de sus facultades de representación legislativa.

Se trata de la recuperación de las jubilaciones para todos los trabajadores y de la dignificación de la tercera edad, dentro de un proyecto de sociedad más justa y con un Estado garante del bienestar social.

Además, ante el congelamiento de fondos ordenado por el juez norteamericano Griessa, el Estado Argentino demanda a las AFJP por no haber custodiado debidamente los fondos pertenecientes a los aportantes y exige la repatriación de los fondos invertidos en el exterior. A nadie le caben dudas de que es el poder financiero quién debe pagar las consecuencias de sus propios errores y que no es justo ni legítimo trasladar sus pérdidas a los ciudadanos.         

La política de previsión social impulsada por el Gobierno Nacional es coincidente con la desarrollada en otros países de la región que ya se encuentran abocados al replanteo y modificación de lo que constituyó un experimento implantado en la periferia por los países centrales. Estos países hegemónicos, a pesar de ser ultracapitalistas, conservan y protegen el sistema de reparto en sus territorios (EE.UU., Inglaterra, Francia, Italia, España, Alemania, etc.). 

Es una necesidad estratégica. Y la oportunidad es ahora. Sin pérdida de tiempo hay que tomar resoluciones y aplicar medidas para que no se licuen los fondos  capitalizados.

Es imperativo pronunciarse -por todos los medios a nuestro alcance- en contra del discurso único que pondera la acción del mercado por sobre las obligaciones constitucionales del Estado. 

Ciertamente habrá que tomar los recaudos legales y de funcionamiento para extremar los controles de los fondos que se incorporarán a la caja estatal e implementar sensatas restricciones a la discrecionalidad de los funcionarios a través de un organismo integrado por miembros de los tres poderes del Estado, sindicalistas, jubilados y empresarios.

Entendemos que el sistema público, solidario y universal de previsión social es un paso decisivo en el reconocimiento y pago de la deuda interna de nuestra Nación.

Opiniones (4)
23 de enero de 2018 | 03:39
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23 de enero de 2018 | 03:39
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  1. La persona que escribió esta nota, debe ser alguien que recibio una pension de la ANSES sin haber aportado nada. Si no, pregunteles a nuestros abuelos y abuelas que han aportado durante 40 años y hoy cobra una miseria, mientras que la ANSES presta fondos al Estado a un interes menor a la inflacion oficial. La presidenta se ufana de decir que ajustara la jubilacion siempre y cuando existan fondos suficientes para el reparto. Nunca habra suficiente fondo mientras este bajo control del FMN (Fondo Monetario Nacional ) y menos cuando se regalan nuevas pensiones para repartir los escuálidos fondos...
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  2. A ver si nos entendemos... Hace un año, ME dieron la OPCION de elegir si quedarme o no. Después de mucho pensar, elegí QUEDARME en las AFJP Ahora, vienen los iluminados a decirme... "¡mirá flaco, te equivocaste!, vos no sabés pensar, pero por suerte estamos nosotros acá para cambiar eso y darte una mano" Así que ELLOS DECIDEN que no sé pensar (ni elegir) y por eso, es mejor llevarse mis dineros a otros rumbos, donde aseguran que será mejor. En lo personal, me parece un ataque a la propiedad privada, una limitación de mi capacidad de elección y en definitiva UN ROBO. Ahora que defiendan lo que quieran. Pero después que no me hablen de DEMOCRACIA y LIBERTAD. ¡ESTOS NO LA CONOCEN!!!!
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  3. Todas las opiniones -que no comparto pero respeto- de esta carta no justifican la expropiación inconstitucional de la que vamos a ser objeto. Por otra parte nadie dice un par de verdades: Que los aportantes a AFJP también aportan (16 de los 27 puntos que se aportan, es decir más de la mitad) al Estado, porque sigue siendo el Estado el responsable de la jubilación básica. Esto cumple con el art. 14 y el Estado no lo hace "de favor" o para "tapar baches de la AFJP" sino que es parte del sistema, y el ANSES recibe más de la mitad de los aportes por ello. Que el capital de los aportantes es intocable para las AFJP, es decir, es mentira que pueden "quebrar" los fondos. Por ejemplo cuando Siembra cerró, transfirió intactos los fondos a otra AFJP como manda la ley. Si se quedaran con los fondos tendrían una causa penal en contra. Cuando el gobierno nos roba, como bien explica tomas v ¿Quién les hace una causa penal? Que la mala administración de las AFJP en gran parte se debe al gobierno de turno, con leyes que las obligaron a comprar bonos del Estado por el 75% del capital administrado (era Cavallo) y luego esos bonos se declararon en default, y pesificaron el resto de los ahorros. En la misma línea, el actual gobierno las acaba de obligar a repatriar fondos, en perjuicio de los aportantes. Después resulta que si la AFJP no "administra bien" el mismo gobierno la señala con el dedo. Nos roban con una mano, y las acusan con la otra. Que el capital de cada aportante es propiedad privada, y como tal está protegido por nuestra Constitución. La disponibilidad o no de los fondos nada tiene que ver con la titularidad ¿sino un plazo fijo dejaría de ser mío hasta que vence, porque no puedo disponer? ¡No señor! Es mío todo el tiempo, aunque un contrato diga que debo esperar para disponer del dinero, pero es mío. Lo mismo aplica a una casa con usufructo, o mil casos más. Desde el gobierno se fomenta la ignorancia para confundir titularidad con disponibilidad. En fin... da para seguir. Me da mucha bronca ver como el gobierno trabaja con la ignorancia. Nadie que entienda lo que acabo de exponer puede estar de acuerdo con la expropiación, a menos que le convenga. Saludos.
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  4. Estas personas hablan del sistema del sistema de AFJP como si hubiera salido de un repollo. La verdad es que fue creado porque la gente no creía más en el Estado, porque los políticos de turno se afanaron y dilapidaron los ahorros de nuestros viejos. Eso ocurrío por décadas. Ahora resulta que el Estado capitaneado por estos señores nos va a salvar; justo el Estado que pagó y paga migajas a nuestro viejos que se deslomaron toda la vida aportando. Todo sistema previsional es una promesa que se hace a una persona diciéndole que si se pagan ciertos aportes al final de la vida habrá un pago mensual de diversa naturaleza según la entidad del aporte. Esa promesa la hacen las AFJP y el Estado. Algunos le creerán al Estado, yo no le creo, mis abuelos murieron casi pobres y dependiendo de la caridad familiar por ese Estado que esta gente defiende. Yo le creo a las AFJP no porque sean fantásticas, sino porque todavía -que yo sepa- no jorobaron masivamente a sus aportantes. Pero lo que más me enferma es no te dejen optar. Que dejen a la gente elegir si creen que es tan bueno seguro todos se irán al reparto. Pero no, resulta que somos todos tontos y necesitamos de ellos que se las saben todas. En fin, otro atropello más, otra razón más para desalentarnos a permanecer en este país.
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