Los presupuestos nacional y provincial

Si se analiza la ejecución presupuestaria provincial al 30 de septiembre puede advertirse esta tendencia, cual es la dependencia progresiva y proporcionalmente mayor de los recursos que provienen de la Nación.

Mendoza, al igual que otros estados provinciales depende cada vez en mayor medida de los recursos nacionales para equilibrar sus cuentas públicas. Esto no es novedoso y sabemos además que ello responde a una clara política de concentración de poder,  diseñada para captar voluntades de gobernadores e intendentes (adeptos o disidentes).

Si se analiza la ejecución presupuestaria provincial al 30 de septiembre  puede advertirse  esta  tendencia, cual es  la dependencia progresiva y  proporcionalmente mayor de los recursos que provienen de la Nación. Es concretamente del 56% contra el 44%, éste último porcentaje correspondiente a los ingresos fiscales locales. Siendo así, resulta conveniente efectuar algunos comentarios acerca del proyecto de presupuesto nacional por su notable gravitación e incidencia en los recursos provinciales.

 Todo presupuesto, para ser consistente, debe prever para el cálculo de ingresos cuatro variables significativas y previsibles: pauta inflacionaria para el ejercicio, valor del dólar, superávit fiscal y crecimiento estimado. Si solamente nos detenemos en las dos primeras, advertiremos que un incremento estimado en el índice de precios del 8% y de un valor de la divisa extranjera a 3,19 resultan  desactualizados respecto de lo que las mediciones privadas y la realidad imponen. En cuanto a las otras dos, tanto la disminución en el precio internacional de los comodities (la soja se presupuestó a 400 dólares por tonelada y hoy vale menos de 340) y una sustancial desaceleración de la economía prevén que nos encontremos bastante distantes de las ilusiones de recaudación del oficialismo.

Estamos frente a una crisis global y local  y reconocerla implica diseñar  mecanismos de monitoreo permanentes de las variables mencionadas, que concluyan en una reformulación  del presupuesto que contenga un diseño de políticas tributarias adecuadas y la consiguiente asignación correcta del gasto. De otro modo, la pauta de gastos y recursos quedará en letra muerta antes de que se inicie su ejecución.

El gobierno nacional insiste obstinadamente en: a) mantener la Ley denominada de superpoderes que permite al jefe de gabinete aumentar el gasto frente a un incremento en los recursos del sector publico nacional incluyendo los ingresos del sistema de seguridad social; esto además de degradar la institucionalidad del Congreso, perjudica  a las provincias en la redistribución o coparticipación del impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones, entre otras; b) la suspensión de la constitución de fondo anticíclico nacional, que se viene operando desde el 2006, resulta una contradicción teórica e intelectual, habida cuenta que inmersos en esta o cualquier crisis, la receta aconsejada seria ahorrar para disminuir el peso de la deuda publica y/o prepararnos para una más que probable desaceleración de la economía amortiguando el eventual ajuste del gasto; c)  modificar la carta orgánica del Banco Central, permitiendo aumentar los adelantos que efectúa al tesoro de la Nación para el pago de las obligaciones con los organismos multilaterales de crédito resulta riesgoso y quita autarquía funcional. Desconocer esto, podría desencadenar una sangría de recursos con inconmensurables consecuencias.

Resulta difícil cuantificar la rigurosidad y las consecuencias que traerá esta crisis que ha venido a instalarse por un tiempo prolongado. Pero no caben dudas  que su impacto influirá  en el nivel de crecimiento, en la evolución comercial, en la volatilidad en el precio de los  comodities y por ende en la recaudación.

Siendo el presupuesto la herramienta más potente que puede tener un Estado para defenderse de los coletazos de una crisis, lo aconsejable sería efectuar  las correcciones necesarias en la asignación del gasto dentro de un marco de respeto mutuo entre las jurisdicciones nacionales y provinciales. Lo contrario será aprobar un presupuesto artificioso y virtuoso,  donde los números no coinciden en absoluto con la realidad.

En cuanto a Mendoza se refiere, la norma nacional no genera demasiada expectativa: a) El impuesto al cheque sigue coparticipándose en una mínima proporción; b) Se sigue cediendo el 15% de coparticipación para cubrir las transferencias de la caja de jubilaciones. Pero si Mendoza requiere dinero adelantado paga de interés el doble que lo que la Nación le retribuye a Anses; c) Se  autoriza al jefe de gabinete a iniciar contrataciones para el desarrollo de la presa Portezuelo del Viento, pero no fija ni montos ni partidas ( no se ha desembolsado un centavo de los 240 millones presupuestados en 2008); d) Hay un acuerdo tácito e implícito para promover las prórrogas a los sistemas de promoción industrial para las provincias vecinas bajo el paraguas de reasignaciones de cupos no ocupados (lo mismo de hace 20 años).

Atento a ello, resultaría conveniente entonces, que el Poder Ejecutivo Provincial diseñara un presupuesto mucho más realista que el Nacional, a fin de que durante su ejecución no se viera permanentemente obligado a efectuar cambios de asignaciones intrajurisdiccionales que en definitiva terminan desvirtuando el espíritu e institucionalidad de dicha norma.
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23 de enero de 2018 | 19:17
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