Violencia y medios de comunicación

Violencia y medios de comunicación
Hablar de los medios de comunicación, siempre presupone el enfrentamiento, por un lado con los dueños de las empresas, y por otro, con la corporación de los comunicadores sociales.

En principio, es fundamental separar por un lado, el irrenunciable derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución Nacional y en los Pactos Internacionales vigentes, haciendo la salvedad claro está, que no es un derecho total.

La expansión de los medios de comunicación en el siglo XX, fue la mayor registrada entre todas las industrias, junto con la áreo-espacial. En efecto, los avances tecnológicos en el campo de la electrónica, informática y usos satelitales, no sólo cambiaron las estrategias comunicacionales, sino también la concepción geopolítica mundial, al derribarse las fronteras geográficas entre países por la penetración satelital.

Indudablemente que, como todo avance en los campos de la ciencia y la tecnología, estos pueden usarse en forma positiva o negativa para la humanidad, o también tener estos dos ingredientes simultáneamente, sobre todo cuando estos medios son manejados por las grandes compañías multinacionales, cuyo único objetivo es el rédito económico. Por eso es fundamental destacar que, los Medios de Comunicación, están reconocidos y clasificados por la Unión Postal Universal; La Federación Internacional de Telecomunicaciones y la UNESCO., como “Industrias Culturales”. Este no es un dato menor.

Significa que no es lo mismo una empresa que fabrica automóviles, que un canal de televisión. La gran diferencia radica en que los medios de comunicación no sólo sirven para vender bienes y productos, sino también ideas, imágenes, ideologías, etc., razones por las cuales son formadores de opinión, y han influido e influyen con su poder económico en el moldeado de las sociedades, y tanto se pueden usar para ayudar a derrocar gobiernos, como para alterar la psiquis de los niños y los jóvenes.

Toda esta problemática, son tema de profundos y largos debates desde la década de los 80, tanto en Naciones Unidas como en distintos foros internacionales, tratando de encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión, los objetivos mercantiles y políticos y el interés público.

No voy a analizar acá, las diversas facetas que conforman estas estructuras, sino que me centraré en el tema de la violencia.

Vale como introducción, aclarar que en nuestro país, a raíz de la falta de una buena legislación, existen enormes holdings cooperativos, que amparándose en los justos derechos de libertad de expresión, han logrado en la Argentina, la absoluta libertad de empresa. Así cualquier regulación que se intenta, es inmediatamente apelada en el campo internacional, fundamentalmente bajo la legislación que determina el llamado Pacto de San José de Costa Rica (Artº 13 – Inc. 1 al 3), pero la gran mayoría de los medios electrónicos, sea televisión o Internet, violan permanente el Artº 5 del Artº 13, que prohíbe cualquier incitación, apología o reivindicación de  la violencia, de cualquier tipo que sea.

Como bien lo expresa la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de la UNESCO: “Ahí surgen las tensiones cuando se trata de definir el concepto de “acceso público”. Los partidarios del libre acceso a la información tienen varias razones para desconfiar de las medidas gubernamentales de regulación; sin embargo, el mercado no es necesariamente mejor para garantizar este acceso. Las sociedades desarrolladas están enfrentando esta problemática adoptando diversas medidas en los planos comunitarios, locales y nacionales; redes de difusión públicas independientes; marcos reglamentarios abiertos (Por ejemplo en EE.UU., ningún canal de cable puede cubrir más del 64% de la población de su área de cobertura, y además está prohibido por ley, que los dueños de canales, tengan a su vez radios y medios impresos, para evitar la concentración de la información). La tendencia creciente en el mundo es orientar estas medidas como políticas culturales, en vez de hacerlo simplemente en términos de control de la información. A raíz de resoluciones de Naciones Unidas y del Parlamento de la Unión Europea, se empezaron a crear los denominados “Observatorios de Medios”. En la Unión Europea basados en la ley llamada: “En defensa de los derechos del niño y la dignidad de las personas”.

Por supuesto que esto es resistido en la Argentina, todavía nos regimos por una ley vigente desde la época de la dictadura militar, cuando los medios se manejaban bajo la órbita de las fuerzas armadas.

A que nos referimos específicamente, cuando hablamos de Medios de Comunicación y Violencia. No es precisamente la información, aún cuando hay diversos actores que hacen apología del delito. El centro conceptual de la violencia está determinado en los contenidos directos o subliminales que se encuentran en películas, publicidades y programas que se emiten a través del cine, televisión, videos, DVD, Internet y últimamente a través de los teléfonos celulares; (debemos recordar que en la Argentina más de 7.000.000 millones de teléfonos están en manos de menores de edad). Más allá de la exaltación de la violencia directa (escondida bajo el título de películas de acción), se exalta la forma de vida de los ricos; la drogadicción y la pornografía. Aquí cabe aclarar que no son los medios de comunicación quienes producen la violencia social, pero su aporte contribuye al aumento de la misma.

Conviene recordar el Inc.4 del Artº 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que dice: “Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el Inc.2º”). A Nadie se le ocurre pensar que esta legislación atenta contra la libertad de expresión, sin embargo hoy, la televisión, Internet y los videos-juegos, tienen muchísimos más espectadores que los llamados espectáculos públicos, pero sin el control que tienen estos últimos. O como bien lo expresara la Dra. Yalena de la Cruz, de la Universidad Autónoma de Centro América, al desarrollarse el 2º Foro Mundial sobre Medios de Comunicación en el DF. México – 2004 – “El Estado tiene el mandato constitucional de buscar el bienestar de las personas, y ello implica el derecho a la salud: su salud mental, física y social. Pero además, las frecuencias televisivas son del Estado, que las presta en concesión a particulares para su explotación comercial, y su regulación se da entonces en el ámbito del comercio y no de la libertad de expresión.

Por eso, y porque múltiples estudios coinciden en que la violencia, la pornografía, la discriminación y la incitación al crimen y al vicio, trasmitida por las películas de cine y televisión, afectan emocionalmente a los niños y adolescentes que están en formación, la regulación debe ser una tarea del Estado y no sólo una responsabilidad de los padres”. Y dice más adelante: “La regulación de los medios no impide a las personas expresar sus pensamientos, sino que regula el correcto ejercicio de la actividad empresarial que escogieron, como sucede también, por ejemplo, con la venta de licores y cigarrillos”.

Otras conclusiones significativas de este 2º Congreso, es que: de los más de 4.400 estudios académicos que se han realizado y que comprueban, a través de la psicología y psiquiatría infantil, como los niños sufren al estar expuestos ante los contenidos violentos de los medios de comunicación. Según el Dr. Rich de la Universidad de Harvard, los niños expuestos a los programas de contenidos violentos, incrementan en un 160% sus juegos donde la base es la violencia. También mostró imágenes de dos cerebros de niños en los que claramente aquél que estuvo sometido a mayor contenido violento en la TV, mostraba una disminución de los lóbulos frontales respecto al cerebro del otro niño.

Otro aspecto sobresaliente, fueron las palabras del Sr. Ricardo Salinas, presidente de TV Azteca (2º canal mexicano en audiencia), quién manifestó: “El mundo está cambiando, pero lo que no puede cambiar son los valores universales, que son lo único firme en la especie humana, como son la honestidad y el respeto por la familia. Se puede lograr un alto rating sin violencia, sin sexo ni lenguaje inadecuado. Se puede; pero les pido a las empresas anunciantes que no nos dejen solos, porque es muy fácil señalarnos a nosotros como los únicos responsables. Es importante que no apoyen los malos programas, pero más importante es apoyar los buenos y nuevos programas, aunque tengan menos rating que los que tienen morbo, violencia y desvalores. Aunque vendan menos. Si no, nunca comenzará un verdadero cambio duradero”.

¿Qué conclusiones podemos sacar de todos estos antecedentes? Que se repiten en diversos foros internacionales. Fundamentalmente que la libertad de prensa es un derecho, pero no el único. Si uno observa los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, verán denuncias, de prácticamente todos los países de América Latina, presentadas por distintas organizaciones de prensa o comunicadores sociales, en contra de la regulación de los medios de prensa y violación de la libertad de expresión, pero no se encuentra ninguna denuncia en contra de los medios cuando estos violan el Punto 5 del Artº 13 del Pacto de San José de Costa Rica o los Derechos del Niño.

Otro “mal”, muy común en nuestro país, es como fueron ocupando lugares en los medios, personas que no son comunicadores sociales, con lo cual tenemos una serie de opinólogos, unos más y otros menos capaces, que ignoran los conceptos básicos de la ética periodística y además responden claramente a los intereses de quienes los contratan o poderes políticos, con lo cual no informan ni forman con objetividad.

Vanos también han sido los intentos hasta ahora, para llegar a un pacto social con los dueños de los medios, para que se autorregulen en cuanto a la emisión de programas dónde se resalta la “cultura de los antivalores”, como si ha ocurrido en Chile y México por ejemplo. Ignoran su responsabilidad en cuanto al papel que cumplieron y cumplen en la formación ética y moral de la sociedad.

Debemos entender entonces, si queremos una sociedad democrática y seria, que las organizaciones de la misma, deben presionar a los legisladores para que de una vez por toda, emitan una ley de regulación de los medios de comunicación, que contemple claramente los derechos que les competen, pero que también determine las penalizaciones cuando no cumplan con sus obligaciones; regulando además la constitución de capitales nacionales y extranjeros en su composición societaria, como sucede prácticamente en todos los países del mundo, y complementar todo esto, con políticas culturales que defiendan la producción nacional y local.
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