Irrigación: la responsabilidad de cuidar uno de los principales activos de la provincia

La problemática del uso y distribución del agua en una zona árida como nuestra provincia, en la que nada es posible sin ella, excepto la vegetación y la fauna del desierto, es responsabilidad de todos los mendocinos. Así lo entendieron a lo largo de nuestra historia los pioneros que se trasladaron a estas tierras,  los sucesivos referentes del Estado que condujeron la provincia y la sociedad toda. La conciencia plena de la escasez de un recurso del que depende la vida, la producción y el trabajo de los mendocinos es un signo distintivo de nuestra cultura social, que ha marcado rumbo y ha dado forma a nuestro sistema de organización social, político y productivo, sistema  que los mendocinos mostramos con orgullo.

Ya la Constitución de Mendoza de 1854, precursora del actual texto, en su artículo 55 inc.3, le da rango constitucional al control y distribución del agua por parte de los municipios. Por su parte, la ley de aguas de 1884 es uno de los ordenamientos jurídicos más antiguo de la provincia. Solo estos enunciados, de gran peso institucional, deberían movilizar  a los distintos resortes legislativos y judiciales del Estado y a la sociedad toda, en sus atribuciones de control si algún mal manejo  se produce sobre el recurso.  Frente a las acusaciones y pruebas que hoy obran sobre el actual Superintendente y pasada la sospecha de la utilización política de su juicio, debe asumirse que denuncias de irregularidades, fraudes e ilícitos, deben investigarse en juicio,  esclarecerse los hechos y recibir sanción justa si lo amerita. Un inocente no debería resistirse a ser investigado y quien lo tiene que juzgar, no debería negarse a hacerlo,  si lo que se pretende es esclarecer e impartir justicia.  El aprendizaje individual  y social, bases para la evolución positiva, no se logra ocultando; se logra evidenciando los problemas si los hay, haciéndose cargo de los mismos  y planteando alternativas de superación.

El incorrecto funcionamiento de las instituciones, el avasallamiento a la norma, los actos de corrupción que gozan de impunidad, más tarde o más temprano repercuten inexorablemente con un alto costo en términos sociales. Hoy éstas dudas recaen sobre quien administra el agua de la provincia; tal vez si es juzgado o si no lo es, no afecte en lo inmediato nuestra vida cotidiana y este fluido siga saliendo por el surtidor de la canilla. Sin embargo deberíamos preguntarnos si ese agua que dejamos correr hoy sin el debido cuidado, es el agua que no estará mañana y que se habrá perdido, junto con nuestro orgullo de ser mendocinos,  limitando el destino de los que vengan

Opiniones (1)
21 de octubre de 2017 | 11:52
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21 de octubre de 2017 | 11:52
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  1. El costo de la demanda por la ampliacion del casino cuya adjudicacion fue mal realizada y con tufillo a irregularidades como lo es el de tantos casos del Goberino de julio cobos , sin dudas que debería hacerse cargo y pagar por ello. colncido con lo que dice la senadora pero ley pareja para todos no es rigurosa. mirar la paja en el ojo ajeno tampoco es bueno. Que analice la gestion de julio cobos y luego hable.
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