Derechos Humanos = legalidad

En la nota “Derechos Humanos y Legalidad”, publicada el 21 de marzo en diario La Nación, se advierte que su autor, el abogado Alberto Solanet, se refiere al enjuiciamiento de los genocidas de la última dictadura, como una “política de venganza por motivaciones ideológicas y resentimiento”.

El autor, irresponsablemente, sostiene que se ha vulnerado la garantía de la cosa juzgada y el debido proceso legal, desnaturalizando la forma republicana de gobierno.

Al respecto, debe señalarse que no puede hablarse propiamente de “cosa juzgada”, puesto que la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final provocó que la mayoría de las causas penales que se habían abierto quedaran paralizadas. Tampoco debe adoptarse, como pretende Solanet, un concepto amplio y omnicomprensivo de cosa  juzgada, sino que sólo puede y debe limitarse a los casos que constituyeron objeto de acusación e imputados a las Juntas en 1984. El análisis de las causas que hoy se llevan a cabo permite corroborar que los delitos investigados en la actualidad no son los mismos que en aquél entonces.

También debemos remarcar que los hechos atribuidos a los represores son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Negar la imprescriptibilidad de dichos delitos, importaría desconocer el sentido y alcance de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 1969, suscripta y aprobada por el Estado Nacional por Ley 19.865, del año 1973, es decir anterior a la fecha de comisión de los hechos que juzgamos.

Y con respecto a la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, debemos recordar que fue el Congreso, representante de la voluntad ciudadana y en pleno uso de sus facultades constitucionales, el que las declaró insanablemente nulas. Y para mayor legitimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Simón, Julio Héctor”, declaró su inconstitucionalidad. Esta línea coincide con la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Barrios Altos c/Perú” y “Almonacid Arellano c/Chile”.

Por estas razones es que no se entiende que trata de expresar el abogado Alberto Solanet cuando se refiere a una “política de venganza por motivaciones ideológicas y resentimiento” en contra de los militares.

Al parecer, olvida que fueron sus defendidos los que desataron un sangriento genocidio que alcanzó a todo aquél que no compartía sus ideas.

Fueron ellos los que, valiéndose de medios profundamente deshumanizantes, asesinaron y aplicaron las torturas más aberrantes a quiénes consideraban “subversivos”.

También fueron ellos quiénes desarrollaron un plan sistemático de secuestro, robo y apropiación de niños, a los cuáles se pretendía “normalizar” y “moralizar” conforme a sus ideales.

Y fueron ellos, también, los que receptaron las ideas de los “Chicago Boys” e impusieron, a sangre y fuego, una economía de libre mercado, priorizando  la libertad individual del lucro por sobre los derechos humanos, colectivos y de los pueblos. 

Asimismo, cuando Solanet pretende reivindicar lo que se ha denominado “dos demonios”, olvida que el Estado debe velar por el bienestar y seguridad de todos los habitantes y que a las acciones violentas debe reprimirse con la ley y no con un aparato organizado para infundir el terror, secuestrando, torturando, asesinando y apropiándose de niños.

Es por eso que debemos resaltar que el enjuiciamiento a los responsables del terrorismo de estado no responde a ideologías ni resentimientos, sino a la necesidad de respetar los principios fundamentales de toda sociedad democrática y estado de derecho, y a las exigencias de un pueblo que reclamaba a gritos “Memoria, Verdad y Justicia”.

Opiniones (1)
18 de octubre de 2017 | 10:19
2
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18 de octubre de 2017 | 10:19
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  1. Te felicito Evelin por la altura con que tratas el tema, y por el respeto con que citas al abogado solanet, que evidentemente olvidó de estudiarse las bolillas que se refieren a los derechos humanos y qué significa "lesa humanidad" .
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