“Les sugiero estar el lunes bien temprano en el Ministerio. Puede haber novedades importantes. Quizá sea la última vez que Rico venga por acá”, disparó una fuente del Ministerio de Seguridad. Y a partir de ese momento, le dio fuerza al comentario que circula también desde hace días por la Casa de Gobierno.

Las horas posteriores a la Vendimia serán clave para el Subsecretario de Seguridad, Carlos Rico. Será después de los festejos, una vez con los decibeles políticos bajos, cuando Celso Jaque tome una decisión respecto al informe proveniente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación relacionada con el funcionario mendocino y su presencia en el gobierno provincial.

Jaque abrió la carpeta en soledad e intentó no compartir el contenido de la misma. Sin embargo, trascendió que los conceptos son durísimos, y cuestionan al gobernador por tener entre sus filas a una persona sospechada de formar parte del aparato represivo durante la última dictadura militar.

Desde que asumió Jaque, Rico se convirtió en el centro de innumerables polémicas y es el personaje político que más de un dolor de cabeza le generó al gobernador.  Su presunta participación en casos de secuestros y la desaparición de al menos 11 personas durante mayo de 1978, y su supuesto adiestramiento a cargo del ex coronel Mohamed Alí Seineldín, hicieron que el tema ganara especio en medios de circulación nacional cercanos al kirchnerismo.

Precisamente, habría sido el ex presidente, Néstor Kirchner, quien le pidió a Jaque que echara a Rico del Gobierno porque su presencia estaba alejada de la política en materia de Derechos Humanos impuesta por él cuando asumió en 2003. La falta de respuesta rápida por parte de Jaque para darle el gusto a “su amigo” hizo que Kirchner sugiriera mantenerlo al margen de la “Mesa chica” del Justicialismo y dejarlo relegado dentro de la estructura partidaria.

Por eso, y tal vez agobiado por las recurrentes acusaciones en su contra y la repercusión en su imagen pública, el subsecretario de Seguridad, Carlos Rico, pondría a disposición del ministro Juan Carlos Aguinaga su renuncia luego de la Fiesta de la Vendimia.

Esta movida tiene dos frentes de ataque. Primero, la presión de los organismos de Derechos Humanos, quienes denunciaron a Rico por “asociación ilícita” y ayer presentaron nuevas pruebas para comprometerlo. El otro frente, está conformado por militantes del mismo PJ en desacuerdo con que Seguridad esté manejada por el Partido Demócrata; sobre todo, luego de estos conflictos, que no hicieron más que desgastar la imagen del gobierno.

Lo que todavía no está claro es cuál será la postura de Juan Carlos Aguinaga si Rico se aleja de la Subsecretaría. Hasta hace unas semanas, entre los dos hacían un mismo equipo. Y se iba uno, se iba el otro. Sin embargo, con el pasar de los días, Aguinaga habría tomado la conducción del Ministerio como un desafío personal, y no se descarta que, si se va su hombre de máxima confianza, igual continúe en el cargo.

Para los otros ex comisarios cuestionados, será fundamental la actuación de la policía en Vendimia. Si no logran desactivar los reclamos de los uniformados, y se confirma una ausencia masiva por personal con parte de enfermo, tendrán la prueba necesaria para saber que perdieron ascendencia sobre el resto de la tropa.

A todo esto, se agrega la posibilidad de que Mendoza se convierta en uno de los escenarios principales para la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Nuevas pruebas

La gota que colmó el vaso tuvo que ver con una nueva presentación realizada por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) ayer en el juzgado Federal de Walter Bento, a través de su abogada, Viviana Beigel, con la que amplían la denuncia efectuada el 8 de febrero, donde acusan a Rico "por la posible comisión del delito de asociación ilícita con la finalidad de cometer crímenes de lesa humanidad".

En el escrito se anexa la declaración del ex jefe del Departamento 2 de Inteligencia (y centro de detención clandestino) D2, Pedro Sánchez Camargo, quien, el 3 de octubre de 1978, involucró al comisario retirado como partícipe de una serie de secuestros de militantes montoneros cometidos en 1976.

Sánchez Camargo sostuvo en aquella oportunidad que quienes participaban de los operativos de secuestros eran efectivos del Cuerpo de Motorizada, de la Dirección de Investigaciones y del Cuerpo de Infantería, con colaboración del personal del Centro de  Instrucción Contrasubversivo, del que formaba parte Rico.

Sánchez Camargo individualizó, textualmente, a los oficiales Armando Fernández, Eduardo Smaha –quienes ya están detenidos por violación a los Derechos Humanos-, Enrique Funes - recordado luego por haber sido uno de los torturadores de Humberto Gómez Yardez en la comisaría 17 de Lavalle en 1990-, y Gras, a los cabos Celestino Lucero -detenido por el asesinato del periodista y escritor Francisco Paco Urondo- y Marcelo Moroy, al sargento Manuel Bustos, y al agente Oscar Manrique, entre los partícipes de los operativos. Sin embargo, también mencionó a personal del Ejército y Aeronáutica, destacando que -si bien no recordaba los demás nombres-, entre personal uniformado y civil, eran un total de 84 personas.

"Cabe destacar que integraron el Centro de Instrucción Contrasubversivo, Carlos Rico Tejeiro y Adolfo Siniscalchi, según surge de la nota dirigida al vicecomodoro Julio César Santuccione por el Jefe de la Policía Federal Ojeda, la que acompaño a esta presentación", reza la nueva prueba del MEDH, por la cual se pide la inmediata imputación de Rico.

No obstante, si bien en su declaración el ex jefe del D2 no mencionó el nombre de Rico, basta sólo una operación mental lógica. Es que entre los secuestrados –a los que se los re bautizaba con nombres ficticios- en esa serie de procedimientos, se destaca Jorge Vargas Álvarez -“Nicolás”-, quien fue secuestrado en 1976 en el mismo operativo en que fue secuestrada Alicia Morales e intentaron llevarse a su esposo, Juan José Galamba, aunque no lograron cumplir su cometido sino recién hasta 1978. Morales, justamente, fue la testigo clave que denunció en febrero de este año haber visto al actual subsecretario de Seguridad en el D2.

Lo declarado por Sánchez Camargo contradice lo sostenido por el propio Rico, quien, en reiteradas oportunidades, negó haber participado de este tipo de procedimientos, y que el Grupo Especial que integró tenía como finalidad sólo cuidar la seguridad en el Mundial de Fútbol jugado en nuestro país en 1978.