El 19 de diciembre de 2007 hubo dos memorandums en el Ministerio de Seguridad que llamaron la atención. Uno de ellos tenía que ver con información recabada por la Dirección de Inteligencia sobre la actividad del Polo Obrero en Mendoza, que fue reflejada en la edición impresa de Los Andes de ayer domingo. Pero no fue la única actividad de la DIC ese día: también comunicaron que el 24 de diciembre existía la posibilidad de que 300 empleados despedidos de la TAC realizaran una manifestación para reclamar por sueldos no cobrados, y el informe advertía sobre el riesgo de que se produjera un corte de ruta cerca de la Terminal de Ómnibus, con el perjuicio que eso podría significar en una fecha en que se esperaba una masiva llegada y salida de turistas.

Esos dos comunicados surgieron “en virtud de información telefónica ingresada en la fecha por parte del señor Director de Inteligencia Criminal, Comisario General (r), Pedro Chacón”, según se puede leer en las copias de los correos internos. Y estaban dirigidos a las diferentes jefaturas para extremar las medidas de prevención y evitar inconvenientes.

Estos datos, tal como están expresados, violan el artículo 4 inciso 2 de la ley 25.520 de Inteligencia Nacional. Sobre este punto, la legislación es clara: “Ningún organismo  de  inteligencia podrá  Obtener información, producir  inteligencia  o  almacenar  datos sobre  personas,  por  el  solo  hecho  de  su  raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión  o pertenencia a  organizaciones  partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales,  culturales  o laborales, así como por  la actividad lícita que desarrollen en cualquier  esfera  de acción”.

Frente a esta situación, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Carlos Aguinaga, aclaró que en ninguno de los dos casos “se trató de tareas de inteligencia, sino que fueron informaciones que fuimos recibiendo por diferentes medios. Y lo que se hizo fue activar los sistemas de mediación para evitar conflictos o incidentes. Yo en ningún momento reprobé el trabajo del comisario (Jorge) Guerrero –es quien firmó los memos-, sino que lo felicité por la efectividad que mostró”.

“No le estamos haciendo inteligencia a nadie por cuestiones religiosas, políticas o sindicales. Si el comunicado dice que se actuó a partir de un informe de Inteligencia Criminal, seguramente fue por un error en la redacción”, se defendió el ministro.

Esta noticia volvió a poner en vilo a la estructura de Seguridad. Las últimas dos semanas la tensión estuvo sobre la figura del subsecretario de esa área, Carlos Rico. Se supo que formó parte del GE’78 y fue denunciado por organismos de Derechos Humanos, que sospechan que ese grupo de elite policial formó parte del aparato represivo durante la última dictadura. Ahora, para algunos, el fantasma del D2 (el organismo de inteligencia policial de los años de plomo) pareció mostrarse en el edificio de calle Salta, de Godoy Cruz.